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La mayoría de las empresas aún no reporta información significativa sobre sus impactos en la sociedad y el medio ambiente

Sustentia es cofundador y socio técnico de la “Alianza para la Transparencia Corporativa”, dedicada a analizar cómo las empresas europeas divulgan la información necesaria para comprender su impacto en la sociedad y el medio ambiente, según lo exige la Directiva de la UE sobre información no financiera.

Los resultados iniciales del proyecto apuntan a una conclusión general: si bien la mayoría de las empresas reconocen en sus informes anuales la importancia de los problemas ambientales y sociales, la mayoría de las veces esta información no es lo suficientemente clara cuando se trata de abordar problemas concretos, riesgos principales y objetivos. Este año, el proyecto ha evaluado a más de 100 empresas de los sectores de Energía y Extracción de Recursos, Tecnologías de la Información y Comunicación, y Salud (el cual incluye también al sector Farmacéutico).

Consulte el informe completo con datos detallados, gráficos y análisis.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Cambio Climático:

  • El 90% de las empresas informa sobre Cambio Climático, pero solo el 47% especifica claramente los objetivos de su política corporativa y cómo pretende alcanzarlos.
  • En relación al sector de Energía y Extracción de Recursos, el cual representa la mayor contribución al Cambio Climático y afronta los mayores riesgos de transición energética, resulta alarmante que solo el 26% de las empresas analizadas diseñaron sus informes entorno al objetivo de lograr una transición hacia un escenario por debajo de 2° C, y que tan solo el 21% de las empresas informaron sobre sus escenarios a corto y largo plazo (como recomienda el Task Force on Climate-related Financial Disclosure TCFD – Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima).

Aspectos ambientales:

Las compañías informan sobre temas como el uso del agua, la contaminación, los residuos y, en menor medida, la biodiversidad. Sin embargo, solo algunas compañías revelan ciertos aspectos clave para comprender su impacto real. A continuación se exponen algunos ejemplos de ello:

  • Contaminación generada debido al transporte, sólo reportada por el 20% de las empresas.
  • En los sectores de Energía y de Salud, a pesar de que el 74% de las compañías de Energía y el 70% de las compañías de Salud proporcionan información sobre su uso de agua, únicamente el 24% de las compañías de ambos sectores explica dicho uso en zonas con escasez de agua y áreas fronterizas.
  • Contrasta igualmente, el reporte de aspectos específicos de biodiversidad vinculados con la operativa corporativa (identificados por el 39% de las compañías en el sector de Energía) e impactos concretos (descritos solo por el 11%), con el alto porcentaje de empresas que sí describe su política al respecto (74%).

Aspectos sociales y laborales:

  • Se ha identificado una brecha relevante entre la cantidad de compañías que ofrecen información sobre sus políticas contra la discriminación o la igualdad de oportunidades (un 80% del total), y el número de empresas que presentan igualmente información relativos a los efectos de esas mismas políticas (un 36%).
  • Muy pocas empresas incluyen datos relativos a sus trabajadores subcontratados en sus reportes: solo el 25% informa sobre la cantidad de trabajadores, y menos del 5% los incluye en la información que aportan acercad de igualdad de oportunidades, negociación colectiva o salarios.
  • Del mismo modo, solo el 10% de las empresas informa sobre su desempeño relativo al salario digno y muy pocas revelan información desglosada por país en relación a zonas de alto riesgo, como es la igualdad de oportunidades (6%) y la libertad de asociación (10%), a pesar de que la mayoría de empresas reporta operativa fuera de Europa (80%).

Derechos Humanos:

  • En sus correspondientes informes, más del 90% de las empresas expresan su compromiso de respetar los derechos humanos y el 70% afirman esfuerzos por garantizar la protección de los derechos humanos en sus cadenas de suministro.
  • Sin embargo, solo el 36% describe su sistema de debida diligencia en materia de derechos humanos, el 26% identifica claramente sus aspectos materiales en derechos humanos (salient issues) y únicamente el 10% describe ejemplos o indicadores que ilustren la eficacia de su gestión de dichos aspectos.
  • Es común que las empresas informen sobre sus auditorías de derechos humanos (58%), pero la divulgación de los resultados de estas auditorías es mucho menos común (25%) y aún lo es menos la divulgación de las acciones tomadas en consecuencia (16%). De manera similar, solo el 8% de las empresas reconoce la existencia de limitaciones en sus auditorías, a pesar del hecho de que estas limitaciones son universalmente reconocidas, como lo demuestra el colapso de Rana Plaza en 2013, así como muchos otros accidentes en fábricas previamente auditadas.

Anti-Corrupción:

  • A lo largo de la investigación se constata la existencia de un enfoque predominante sobre la divulgación de los compromisos y la carencia de detalles relativos a su implementación.
  • Si bien se ha identificado un alto nivel de informes que destacan su compromiso contra el soborno (91%), en relación a la existencia de canales de denuncia ante irregularidades (76%), de programas de capacitación (75%) y de normas sobre regalos y atenciones (73%), el nivel es menor cuando las empresas explican los principales elementos de su programa anticorrupción (63%). Asimismo, la aplicabilidad de estas reglas corporativas a terceros se detalla en un 60% de los casos con respecto a socios comerciales y en un 43% en relación a agentes, asesores e intermediarios.
  • Por último, solo el 10% de las empresas publican sus gastos en lobby y las posiciones políticas que defienden dichas tareas de lobby. Este aspecto puede ser especialmente preocupante tanto en lo relativo a las relaciones entre inversores y empresas como en los casos de necesidad de una reacción política urgente ante riesgos sistémicos, como el cambio climático.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Garantizar una divulgación de alta calidad sobre la sostenibilidad tiene un papel vital en los esfuerzos para reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y gestionar los riesgos derivados del cambio climático, la degradación ambiental y los problemas sociales. Estos son los objetivos del Plan de Acción de la UE sobre Finanzas Sostenibles.

La publicación de la información corporativa por parte de las empresas también es un elemento clave en la necesaria rendición de cuentas relativa a la identificación y la gestión de los riesgos corporativos de causar impactos negativos en los derechos humanos, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Además, no gestionar adecuadamente los riesgos medioambientales y de derechos humanos pueden generar impactos económicos significativos a corto y largo plazo en las empresas, bien en forma de accidentes, como en forma de litigios, interrupciones en la cadena de suministro, daños a la reputación y/o inversiones fallidas o retrasadas.

Sin embargo, como muestran los resultados de la investigación llevada a cabo, el estado actual de los informes de sostenibilidad corporativa no permite que los inversionistas y otras partes interesadas comprendan ni los impactos y riesgos de las compañías, ni sus estrategias para enfrentarlos.

Los resultados de la investigación sugieren que la legislación debería, como mínimo, aclarar los requisitos para la divulgación de:

  • Planes de transición a largo plazo hacia una economía carbono cero por parte de compañías de los sectores con mayores riesgos e impactos.
  • Riesgos e impactos sobre la biodiversidad.
  • La identificación por parte de la empresa tanto de sus aspectos materiales de derechos humanos (salient issues) como de su gestión correspondiente.

CONTEXTO

La Alianza para la Transparencia Corporativa es un proyecto de investigación de tres años que reúne a las principales organizaciones y expertos de la sociedad civil con el objetivo de analizar la publicación de información corporativa sobre temas ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por su sigla en inglés) por parte de las 1.000 empresas más grandes que operan en la UE.

El objetivo de esta iniciativa es servir de guía tanto a empresas como a los reguladores o legisladores, ofrecer datos que informen los debates relativos a la estandarización de la divulgación de información sobre sostenibilidad y ofrecer recomendaciones de política pública basadas en evidencias sólidas.

La Directiva de la UE sobre información no financiera (Directiva NFR, por su sigla en inglés) introdujo en el ámbito normativo europeo una exigencia legal para grandes empresas públicas y corporaciones financieras operando en Europa: publicar la información necesaria sobre temas ambientales, sociales, de derechos humanos y de anticorrupción con el fin de que pueda ser comprendido la su posición de la empresa frente a estos temas, su desempeño, sus desarrollos y sus impactos. Por primera vez en 2018 las empresas estaban llamadas a publicar esta información “no financiera” en el marco de sus informes correspondientes a su desempeño durante el año fiscal previo (2017).

La Directiva representa un primer paso en la dirección correcta, pero no especifica qué información concreta debe publicarse. Este aspecto socava gravemente el objetivo de la legislación de aumentar la relevancia, la coherencia y la comparabilidad de los datos de sostenibilidad corporativa, lo cual es crucial para que los inversionistas ayuden a informar sus decisiones, así como para que la sociedad civil y las autoridades públicas evalúen y supervisen la responsabilidad de las empresas. Con el fin de llenar este vacío, el proyecto se basa en la legislación de la UE, los estándares internacionales y los principales marcos de reporte corporativo para determinar qué información se entiende comúnmente como esencial y material para cada sector industrial.

La investigación ha evaluado una muestra de 105 empresas europeas y ha analizado si están proporcionando el tipo de información explícitamente requerida por la Directiva NFR, esto es: la descripción de sus políticas y sus procesos de debida diligencia, sus resultados, sus riesgos principales (incluso con respecto a sus relaciones comerciales) y los indicadores de desempeño (KPI). También ha examinado si la información publicada era lo suficientemente específica como para permitir la comprensión tanto del impacto como de la estrategia de las empresas. Además, la investigación ha analizado la divulgación de las empresas sobre temas ambientales y de derechos humanos particularmente relevantes, así como sobre sus programas anticorrupción.

La muestra inicial de empresas ha incluido:

20 empresas de España; 22 de Francia; 25 del Reino Unido; 13 de Alemania; 13 de Europa Central y del Este (República Checa, Polonia, Eslovenia); y 12 nórdicas (Dinamarca, Finlandia, Suecia).

Miembros de la Alianza para la Transparencia Corporativa son:

Frank Bold, Sustentia, Business and Human Rights Resource Centre, CORE Coalition, Future-Fit Foundation, Transparency International UE, WWF, CDP Europe, Client Earth, Germanwatch, Oxfam, Stockholm Environment Institute, Shift y Themis Research.

El proyecto prevé extender el alcance de su investigación en los próximos dos años y analizar 1.000 empresas de todos los sectores y regiones europeas, con el fin de aportar un análisis comprehensivo y ofrecer recomendaciones debidamente fundamentadas tanto para las propias empresas como para los legisladores.