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La Responsabilidad Social Corporativa en las Memorias Anuales de las empresas del IBEX 35 - Memorias 2006 (4ª Edición)
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| Áreas de Conocimiento /
Derecho de acceso a la información |
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Entendemos por "Derecho a Saber", el Derecho a la libertad de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y ciudadanas de un país. Este derecho está consagrado en el artículo XIX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así mismo, Consejo de Europa elaboró una guía borrador en noviembre del 2003 para que los estados miembros protejan en sus legislaciones este derecho, estableciendo unos principios mínimos de actuación.
El principio básico consiste en que el derecho de acceso a los documentos e información oficial manejada por las Administraciones Públicas (AAPP), debería estar garantizado en condiciones de igualdad y bajo el amparo de una normativa clara, y que la negativa a dicho acceso debiera ser una excepción y estar plenamente justificada. Los estados deben asegurar que cualquier ciudadano pueda, a través de un adecuado proceso de solicitud, tener acceso a documentos en poder de las autoridades públicas. Como la mayoría de derechos, éste también tiene sus límites, necesarios en una sociedad democrática y destinados a proteger otros derechos e intereses legítimos protegidos por la legalidad; es el caso del derecho a la intimidad y los aspectos que afectan a la seguridad nacional.
El ejercicio del "Derecho a saber" lleva asociados una serie de beneficios sociales, entre los que se encuentran:
- Incremento del conocimiento ciudadano sobre asuntos públicos, promoviendo la participación informada en la toma de decisiones que afectan al interés común.
- Promoción de la eficiencia en las AAPP, al ser éstas conscientes de que su trabajo puede ser examinado, entendiéndose a la vez mejor sus dificultades.
- Fuente de información alternativa a los medios de comunicación, para que la ciudadanía se forme una opinión propia sobre la sociedad en la que vive y las autoridades que la gobiernan.
- Reducción de malas prácticas en las AAPP, facilitadas a menudo por la cultura secretista, permitiendo a los ciudadanos controlar la integridad de los funcionarios públicos dificultando el camino a la corrupción.
Más de cincuenta países en el mundo han adoptado leyes que facilitan el acceso a la información pública y otros treinta tienen leyes en proceso de aprobación. En Europa, mientras la mayoría de países del centro y norte de Europa tienen leyes aprobadas en las que se reconoce un amplio derecho al acceso a la información pública, los países de la Europa mediterránea, excluida Francia, figuran entre aquellos cuyas legislaciones restringen más dicho acceso. En el caso de España, se puede decir que no existe una ley específica que garantice de forma general este derecho.
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