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Estrategia de capacitación e indicadores para apoyar a la implementación de la Ley de Transparencia en Colombia XXX

(12.01.2017)

En marzo de 2014, Colombia aprobó la Ley 1712 de Transparencia, parcialmente reglamentada de forma posterior mediante el Decreto 103 de enero de 2015. Como resultado de una consultoría realizada en 2015 en un ejercicio inicial para aterrizar números y nombres, se llegaron a identificar un total de 68.788 sujetos obligados en las distintas categorías señaladas por la Ley, y repartidos por todo el territorio.

Al mismo tiempo que representa un gran reto para los actores, su importancia es vital para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en sus dos últimos Planes de Desarrollo, con el Buen Gobierno y otras políticas relacionadas como ejes. Rendición de Cuentas, Participación y servicio al Ciudadano, Anticorrupción, y Transparencia como política específica pero también transversal a todas son esenciales en el actual contexto de implementación de los recientes Acuerdos con las FARC-EP y del del Programa de Respuesta Rápida, en el contexto de postconflicto que enfrenta el país.

En el marco del proyecto ACTUE Colombia que la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas (FIIAPP) viene desarrollando desde 2014 y hasta 2018 a través de un proyecto de cooperación delegada con fondos de la Unión Europea para apoyar al Gobierno de Colombia, Sustentia Innovación Social desarrolló una asistencia técnica a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el objetivo de diseñar una estrategia integral de capacitación y formación de los sujetos obligados y ciudadanos a nivel nacional y territorial en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también de diseñar indicadores de impacto de la misma Ley.

Estrategia de capacitación e indicadores de impacto: recomendaciones

A la vista de los retos que se identificaron, se desarrollaron una serie de recomendaciones que se trabajaron con las instituciones tanto de de forma individual como en el marco de reuniones de trabajo conjunto con el grupo de actores responsables de la política, formado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la Nación (AGN), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de las Tecnologías (MINTIC), con el Ministerio Público y la Secretaría de Transparencia como líderes.

Una de las recomendaciones que se trabajaron con el grupo fue la necesidad de involucrar de forma activa al Ministerio de Educación y a las Personerías. También de fortalecer la relación con otras instituciones que por su posición y relevancia pueden ser catalizadores de la implementación, o que por sus fines misionales son necesarios para completar y complementar la comprensión y el espíritu de la propia Ley de Transparencia, como es el caso de la Ley 1581 de Protección de datos personales.

Como resultado se establecieron un total de 11 líneas estratégicas y 43 acciones, con los objetivos de fortalecer la cultura de transparencia, trabajar en espacios de innovación y fortalecer el liderazgo de las entidades.

En cuanto a los indicadores, tomando como punto de partida un análisis inicial del estado del arte respecto iniciativas que buscan medir el impacto de la transparencia en distintos países, se establecieron una serie de premisas sobre las que se construyó una propuesta específica de indicadores para Colombia, teniendo en cuenta su propio contexto y avances previos conseguidos.

Importancia estratégica de la transparencia en el contexto del país

La transparencia y el acceso a la información serán elementos vitales en el proceso de implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para poner fin a más de cincuenta años de violencia.

Al igual que anteriores fases de proceso, durante esta nueva etapa de implementación el Gobierno Nacional tendrá que destinar recursos importantes para desarrollar grandes inversiones, planes y programas en los ámbitos incluidos: reforma rural integral, participación política, víctimas, fin del conflicto, drogas ilícitas, implementación, verificación y refrendación. Esto requerirá información clara y precisa sobre su proceso de formulación, implementación y evaluación, así como sobre la gestión de los recursos económicos y financieros que se destinen, tanto nacionales como procedentes del apoyo internacional al proceso.

Además será necesario producir y gestionar gran cantidad de información que podría estar afectada por la confidencialidad, la reserva, el secreto, la protección de datos personales, o cualquier otro supuesto especial que pudiera afectar al principio de divulgación proactiva total. Las instituciones deben estar preparadas para ello, para poder detectar, diseñar y explicar adecuadamente los mecanismos y acciones que se apliquen al respecto, de forma que se pueda minimizar el posible impacto negativo en la confianza de los actores. Como en todo el proceso será también imprescindible la aplicación de una pedagogía adecuada sobre la protección y equilibrio entre los derechos y principios que en esos casos entran en colisión.

La participación de todos los actores, el control social y la veeduría a lo pactado requerirán de actores informados y unas instituciones públicas con capacidad para ser transparentes y rendir cuentas.