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Hogares integrados en la comunidad para personas con discapacidad intelectual

Los días 8 y 9 de mayo Sustentia ha participado en el tercer seminario del proyecto ‘Mi Casa’, destinado a promover nuevos modelos de vivienda para personas con discapacidad intelectual.

Frente al modelo de residencia institucional, Plena Inclusión apuesta por facilitar el acceso a hogares en barrios integrados en la ciudad donde las personas con discapacidad intelectual puedan fortalecer su toma de decisiones en el día a día y participar en los distintos espacios de su comunidad local: vecindario, comercio local, servicios públicos, actividades culturales, etc.

Uno de los irrenunciables del proyecto es que resulte accesible para todo tipo de personas, incluyendo a aquellas que cuentan con mayores necesidades de apoyo debido a problemas de conducta o a la confluencia de distintas discapacidades (físicas, sensoriales, etc.). De esta forma, ‘Mi Casa’ se presenta como una apuesta innovadora por el ejercicio de derechos y el fomento de la independencia de algunas de las personas más excluidas de nuestra sociedad.

Junto con los diversos impactos en la vida de las personas con discapacidad, este nuevo modelo conlleva novedades en el uso de servicios públicos, la formación del personal, la relación con proveedores y los esquemas de financiación pública entre otros aspectos. A fin de clarificar todas las implicaciones que se derivan de estos cambios, Sustentia está apoyando a Plena Inclusión a realizar un análisis económico que permita comparar el coste total por persona, el destino de los recursos y la aportación de valor del modelo de hogar, comparándolo con el modelo residencial.

Este estudio se complementa con el análisis llevado a cabo por el INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca), que medirá el impacto en calidad de vida y ejercicio de derechos de los participantes en el programa. Unificando ambas perspectivas, el objetivo final es responder a la pregunta: ¿cuánto cuesta ejercer un derecho?

A lo largo de 2019 y 2020, Sustentia y el INICO evaluarán los primeros pilotos que comienzan a desarrollarse en Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Murcia. Se espera que las conclusiones que resulten de este doble análisis permitan construir un argumentario que facilite el diálogo con la administración pública y apoye el proceso de desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual en España.