El día 16 de abril de 2016 se produjo en Ecuador un seísmo de magnitud 7.8 Mw entre las zonas de Cojimíes y Pedernales, a unos 29 Km al sur-sureste de Muisne. Afectó principalmente a las provincias de Esmeraldas y Manabí, y causó un desastre de gran alcance. Hasta el 17 de mayo de 2017 se registraron 3.606 réplicas, distribuidas en toda la zona.

Réplicas registradas a partir del sismo de 16 de abril 2016

Fuente: 1er Informe Trimestral del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, con datos IG-EPN

Tras la intervención de emergencia, el Gobierno de Ecuador puso en marcha el Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva, dotado con 2.976 MM USD y estructurado en diversos ejes de acción.

Sustentia Innovación Social acaba de terminar la evaluación final del eje Hábitat y Vivienda, con la que se han abarcado también diversos ámbitos de la Política Pública de Gestión de Riesgos del país. Esta evaluación se realizó dentro del Proyecto Evalúa, financiado por la Unión Europea y liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas (FIIAPP), en el marco del Programa Adelante. Se trató de una evaluación final conjunta, realizada con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (STPE) del Gobierno de Ecuador.

La evaluación utilizó como referencia los principios y prioridades del Marco de Sendai como instrumento internacional vigente que marca la agenda de trabajo sobre Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), incorporada como un elemento clave para el desarrollo y la lucha contra la pobreza desde un enfoque de prevención y reducción de riesgo, además de la necesaria reacción en emergencia y “mejor reconstrucción”. Según se especifica en su punto 15, el Marco de Sendai:

“(…) se aplicará a los riesgos de desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, debidos a amenazas naturales o de origen humano, así como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos”.

Metas globales del Marco de Sendai y los ODS

Fuente: Sendai Framework Monitor

La evaluación en el marco de la Política de Gestión de Riesgos de Ecuador

En Ecuador la Gestión de Riesgos está recogida en la Constitución y desarrollada en diversa normativa como uno de los componentes del Régimen del Buen Vivir, como necesaria para el desarrollo y la igualdad de oportunidades.

Respecto a la Política de Gestión de Riesgos, y desde la perspectiva de Preparación, Respuesta y Reconstrucción, la evaluación se enfocó en:

i) Aspectos normativos, institucionales y de resultados respecto a la distribución de competencias de los distintos niveles de gobierno (central, provincial y cantonal), y los mecanismos para su articulación dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR); ii) la participación de actores no estatales como sociedad civil, comunidades, centros de investigación, universidades y empresas; iii) y la incorporación eficaz de colectivos de atención prioritaria.

Respecto al Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva se enfocó en:

i) La pertinencia y eficacia de la financiación y la asignación presupuestaria, ii) el diseño e implementación de las medidas relacionadas con Hábitat y Vivienda en emergencia y reconstrucción (actuaciones desarrolladas en alojamientos temporales, para la reparación y reconstrucción de viviendas, y el fortalecimiento institucional y comunitario para una “mejor reconstrucción”, la generación de resiliencia territorial y mayor preparación frente a riesgos y nuevos desastres).

Entre algunas de las cuestiones que surgen de la evaluación se ha visto la necesidad de:

• Aumentar la relevancia y el posicionamiento de la Reducción de Riesgo de Desastres (RDD) como una política pública de Estado, y promover una “cultura de riesgo” fuerte entre todos los actores (instituciones públicas, empresas, ciudadanía, organizaciones sociales, etc.), y su involucración permanente, cada uno desde su rol.
• Continuar mejorando las políticas y herramientas para abordar el Riesgo de Desastres como un ciclo de gestión continuo: Prevención y Preparación para una mejor Respuesta y Reconstrucción; mejor Respuesta y Reconstrucción para una mejor Prevención y mayor Resiliencia y Preparación.
• Fortalecer la institucionalidad pública mediante competencias, capacidades y recursos adecuados, para el desarrollo eficaz de la política y herramientas, y para la articulación y participación eficaces de todos los actores en todos los niveles (local, provincial y nacional), cada uno desde su rol.
• Promover espacios adecuados y eficaces para la participación de los actores no estatales en todo el ciclo de gestión del Riesgo de Desastres.
• Mejorar la incorporación eficaz de la atención a grupos de atención especial, según lo recogido en la Constitución y otros documentos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR).
• Incorporar la Reducción de Riesgo de Desastres en todas las políticas públicas de manera transversal.
• Impulsar la producción y difusión de conocimiento y datos, para una mejor comprensión de los riesgos, el diseño y la implementación de políticas y medidas adecuadas por todos los actores.

Junto con dos consultores de Sustentia, el equipo de trabajo incorporó a Pedro Lorenzo, arquitecto experto en hábitat y vivienda y procesos de reconstrucción después de desastres, y Antonio Jiménez, sociólogo experto en temas de políticas dirigidas a la discapacidad, incorporado al equipo a través del proyecto Bridging the Gap (financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP), para apoyar la inclusión en la evaluación de la visión de atención a personas con discapacidad.

El levantamiento de información en terreno se hizo mediante entrevistas semiestructuradas (28), grupos focales (9), y observación directa y encuestas (107) a personas beneficiarias y pobladores. Incluyó actividades en Quito y en varios de los cantones principalmente afectados en las provincias de Esmeraldas (Esmeraldas, Muisne, Atacames, Pedernales y Sucre) y Manabí (Chone, Jaramijó, Manta, Portoviejo, y Rocafuerte), con representantes de entidades públicas, comunidades y organizaciones de sociedad civil, organizaciones internacionales y representantes del sector empresarial.

Sobre el Marco de Sendai

Aprobado en 2015, su antecesor es el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. En el preámbulo de la Resolución que aprobó el Marco de Sendai se recoge el compromiso de los Estados “a abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y de integrar como corresponda tanto la reducción del riesgo de desastres como el aumento de la resiliencia en las políticas, los planes, los programas y los presupuestos a todos los niveles y de examinar ambas cuestiones en los marcos pertinentes”.

Se trata de un acuerdo voluntario y no-vinculante. En él se reconoce que el Estado es el actor principal en la Reducción de Riesgo de Desastres (RDD), al tiempo que la responsabilidad debería estar compartida con otros actores (empresas, comunidades, universidades, centros de investigación, medios de comunicación, etc.). Desde sus objetivos y propósito, el Marco de Sendai está vinculado con otras agendas de trasformación globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, la Agenda de Acción de Addis Ababa (AAAA) y la Nueva Agenda Urbana.

Sobre el Proyecto Evalúa

El proyecto de Cooperación para la promoción de la Evaluación de Políticas Públicas en América Latina y el Caribe (EVALÚA), tiene como objetivo “compartir experiencias en evaluación generadas en el ámbito de las instituciones públicas de América Latina, y realizar asistencias técnicas de apoyo inter pares para hacer de esta herramienta una práctica institucionalizada en sus respectivos países, y mejorar así el aprendizaje y la toma de decisiones informada en el ámbito de los proyectos, programas y políticas públicas”. Con ello, aportará insumos de “aprendizaje en el ámbito regional tanto sobre los procesos evaluativos en sí mismos como sobre las temáticas evaluadas, para buscar prácticas replicables y generar evidencias útiles para los participantes”.

El proyecto tiene como beneficiarios directos a las Agencias y entidades rectoras de Planeación y Evaluación de proyectos, programas y políticas públicas de seis países de la región, las cuales son el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (MIDEPLAN), la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador (STP-PE), el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Paraguay, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay (OPP) y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP).