Más de de 240 expertos en Responsabilidad Social Corporativa de todos los ámbitos (reguladores españoles y europeos, autoridades de supervisión, inversores, auditores, aseguradoras, empresas, asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, academia, consultores, asesores legales, medios y estudiantes) han seguido el webinar sobre “El estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en España y la Unión Europea 2020” organizado el jueves 9 de julio por la Alianza para la Transparencia Corporativa (ACT) a través de dos de sus miembros, Sustentia innovación Social y Frank Bold.

Como base para un interesante debate sobre cuestiones relacionadas con la eficacia y futuro inmediato de este tipo de informes, se presentaron los resultados del estudio de mayor alcance realizado hasta la fecha sobre la publicación de la información sobre sostenibilidad (NFR) de 1000 empresas de 28 países europeos pertenecientes a 11 sectores respecto al ejercicio 2019, y en particular un informe sobre sobre las 67 empresas españolas analizadas. Cabe señalar que esta es la segunda edición de este estudio, en cuya primera edición se analizaron 105.

Puedes consultar aquí más información sobre el contexto y la importancia de este proceso que está marcando un hito en la evolución de la gestión de la sostenibilidad por parte de las empresas.

Tanto la presentación que se utilizó como los vídeos de las distintas partes del evento del pasado jueves, ya están disponibles para su consulta íntegra.

¿Qué nos contaron los ponentes?

Los ponentes del primer panel se centraron en dar contexto e información sobre el proceso que se viene dando, tanto desde la perspectiva de la información analizada por la Alianza para la Transparencia Corporativa, como del proceso abierto en la Comisión Europea para la toma de decisiones y la acción sobre el futuro inmediato de la normalización de los informes de sostenibilidad.

Susanna Arús, Responsable de Comunicación y Asuntos Europeos de Frank Bold y Coordinadora de la ATC explicó cuáles son los objetivos de incidencia de la Alianza para la Transparencia Corporativa (ATC), creada como un proyecto de investigación para analizar la aplicación de la Directiva de la Unión Europea sobre Información No Financiera e impulsar el debate basado en evidencias sobre la normalización de los informes de sostenibilidad corporativa y fundamentar el llamamiento a la reforma de la Directiva. Este objetivo se ha cumplido, ya que es conocido que en 2020 la Comisión Europea propondrá un reglamento junto con una nueva norma o estándar de presentación de informes que especificará los requisitos de contenido.

Gracias al amplio reconocimiento de la investigación de la Alianza y al apoyo al proyecto por parte de las principales ONG, la Alianza está en una posición única para dar su visión respecto a este desarrollo. Susanna presentó las principales propuestas sobre los aspectos claves que se deben considerar en la nueva reglamentación de la UE son las siguientes:

• Mayor descripción y especificación de los asuntos en materia de sostenibilidad, y mayor énfasis en objetivos y exigencia en transparencia sobre asuntos relacionados con la gobernanza.
• Desarrollar requisitos sectoriales detallados para la divulgación de información crítica.
• Aclarar el principio de doble materialidad y su aplicación en la práctica, tanto los riesgos financieros como la comprensión de los impactos.
• Mejorar la interconectividad entre los distintos reportes para una mayor coherencia y lógica interna en la estructura y el contenido de la información sobre sostenibilidad: análisis de riesgos, determinación de asuntos materiales, contenido de políticas, determinación de objetivos y metas, y elección indicadores clave sobre resultados.

Juanjo Cordero, Coordinador del estudio y Socio de Sustentia Innovación Social (socio técnico de la Alianza), mostró los principales resultados del informe “El Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en la Unión Europea 2020”, y del análisis realizado por Sustentia sobre la información de las 67 empresas españolas incluidas en la muestra.

Entre las principales conclusiones destacan las siguientes:

• Existe una gran disparidad entre empresas.
• Poca materialidad (relevancia) de la información publicada.
• Cuanto más especificados están los requisitos en la regulación mejor es la información publicada.
• Se da una descripción de riesgos poco útil cuando debe ser la base para el análisis. Necesidad de mejorar la trazabilidad de los riesgos a las políticas y de los objetivos a los resultados.
• La publicación de información desagregada por país es muy baja, a pesar de su importancia.
• Hay muy poca información sobre personal subcontratado y proveedores.
• Poca aplicación de criterios TCFD desarrollados por el Grupo de Trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con Cambio Climático, y baja publicación de objetivos con base científica.

“Los informes se centran en presentar políticas y compromisos generales (80-90% para cuestiones clave como el clima, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción), pero no metas concretas, resultados de políticas con respecto a estos objetivos e información específica sobre riesgos e impactos (20% en promedio)”.

“Por ejemplo, Sólo 36,2% de empresas han fijado metas de reducción de emisiones y esta cifra es la misma para un sector de alto riesgo como es la del sector de la energía. La cifra desciende cuando consideramos las metas calculadas con base científica (14%)”.

Con respecto a la comparación entre los datos españoles y los europeos, Juanjo destacó que las empresas españolas se encuentran por encima de las europeas publicando información sobre políticas y compromisos, aunque en cuanto a la publicación de objetivos y metas, es muy similar a la de Europa.

También puso en consideración la calidad de la información en relación con la estrategia europea de finanzas sostenibles: “La estrategia europea busca que haya una redirección de flujos de inversión hacia actividades sostenibles, y el porcentaje y los resultados que ofrecen las empresas sobre estos productos es mínimo».

Elena Palomeque, de la Dirección General para la Estabilidad Financiera (DGFISMA), Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (Comisión Europea), explicó detalladamente el porqué de la necesidad de revisar la Directiva Europea 2014/95/UE de Información No financiera, de sus posibles cambios y habló de los principales hallazgos provenientes de la consulta pública de la Comisión, cerrada a mediados de junio.

Si bien todavía no se ha tomado ninguna decisión, ya que todavía se está trabajando en el análisis de impacto, un posible resultado es que se produzca una reforma de la Directiva y en paralelo el desarrollo de estándares de acompañamiento. Según la hoja de ruta trazada por DG FISMA, la Comisión presentaría una propuesta legislativa en Enero 2021 para llegar a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Europeo a finales del 2021. Es posible que se trate de un acto legislativo de nivel 2 y que no necesite transposición como en el caso de una Directiva (los reglamentos son actos legislativos vinculantes y deben aplicarse en su integridad en toda la UE).

En paralelo al proceso regulatorio y como prueba de la intención de agilizar esta iniciativa de mejora, el Vicepresidente de la Comisión Vladis Dombroskis ha dado el mandato por escrito a EFRAG para empezar con un proceso de normalización abierto a todas las partes interesadas incluidos los preparadores y los usuarios, envolviendo a las principales iniciativas internacionales normalizadoras (GRI, SAAB, TCFD). Podemos esperar que EFRAG publique próximamente una convocatoria de candidatos para los trabajos preparatorios en el Laboratorio Europeo de Información Corporativa.

También es importante precisar que existe una nueva regulación sobre finanzas sostenibles: El Reglamento sobre divulgación de información sobre sostenibilidad por el sector financiero y el Reglamento sobre Taxonomía.

Elena agradeció las 600 respuestas recibidas en el proceso consultivo, algunas de ellas provenientes de organizaciones de organizaciones presentes en el webinar.

Entre los resultados de la consulta destacó:

• Confirman la percepción mayoritaria sobre los problemas previamente identificados (comparabilidad, fiabilidad y relevancia). La Directiva no cumpliría con las necesidades de los usuarios. Por ejemplo varios actores indican que algunas empresas omiten información relevante, y por ello los inversores no tienen información necesaria para calibrar los riesgos adecuadamente, como se ha demostrado en la investigación de la ACT. Se le añade el problema percibido de manera amplia sobre el difícil acceso a la información por la falta de digitalización de la misma.
• También los preparadores encuentran dificultades para saber cuáles son los requisitos legales. Por lo que requieren mucho tiempo y recursos para entender qué información precisa deben divulgar. Se encuentran frente a una diversidad de estándares internacionales a la que se añaden las solicitudes de información adicionales provenientes de agencias de calificación de sostenibilidad.
• Fuerte apoyo en la consulta (82%) a la obligación de que las empresas divulguen conforme a un estándar común.
• Fuerte apoyo (74%) a un estándar simplificado para las PYMES.
• Fuerte apoyo para ampliar el ámbito de aplicación para incluir a todas las grandes empresas
• Fuerte apoyo (67%) a la necesidad de un mayor requisito aseguramiento.
• Solicitud de racionalización de los requisitos de información entre las distintas piezas de legislación europea.
• Fuerte apoyo (72%) a la divulgación del proceso del análisis de materialidad.
• Un 55% de apoyo a la integración de la Información de sostenibilidad en el Informe de gestión.
• Fuerte apoyo a la digitalización y etiquetado de la información apta para el “massive reading”, y que sea más accesible a través de un único punto de acceso a la información.

La Comisión está estudiando entre otros la posibilidad de ampliar el ámbito, mejorar el requisito de aseguramiento (analizando los costes administrativos) y la elaboración de estándares para que la información sea más precisa y detallada. Estos estándares se desarrollarían a lo largo del tiempo y según las necesidades.

¿Cómo mejorar la Directiva UE de Información no Financiera?

Entre los participantes en un segundo panel se dio un interesante debate sobre el recorrido que se ha visto hasta ahora a la Directiva, y los retos que se enfrentan para aumentar su eficacia desde la perspectiva de distintos actores representados.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) es miembro de del EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), que además de promover en la Unión Europea el desarrollo de las Normas Internacionales de Contabilidad también ha recibido el mandato de elaborar estándares para la Información no Financiera. Álvaro Urrutia, Subdirector General de Control Técnico de ICAC, remarcó que para que la información sea significativa y útil para la toma de decisiones, de inversores, consumidores, supervisores, instituciones públicas y sociedad en general, es importante que se construya un estándar.

Este estándar debe llegar a unos objetivos de consenso entre usuarios, preparadores y otros grupos de interés, bajo la perspectiva de la doble materialidad. No se trata de crear una disrupción sino aprovechar el trabajo ya iniciado por entidades internacionales privadas que están en el mercado, y poder llegar a un consenso final. Sobre los principios y/o requisitos que deberían tener los sistemas de aseguramiento y verificación de la información no financiera para que genere confianza para ser utilizada por inversores, consumidores, sociedad en general, supervisores e instituciones públicas en su toma de decisión, Alvaro confirmo que, en la actualidad, la supervisión de la información es prácticamente inexistente. Piensa que una mayor regulación en el aseguramiento mejora la robustez de la información.

Desde Spainsif, organización que promueve la Inversión Sostenible y Responsable en España, su Vicepresidenta Maria Jose Gálvez, Directora de Sostenibilidad de BANKIA, dijo que la información que se publica, en base a la Directiva de NFR, actualmente no es suficiente para inversores, sociedad civil, verificadores, actores del mercado, supervisores para evaluar y comparar comportamiento, y tomar decisiones.

Como Responsable de Sostenibilidad de Bankia, puede decir que las empresas están respondiendo a la normativa y que alguna va más allá de lo exigido. Puntualiza sin embargo que hay un problema con la unificación de estándares y comparabilidad metodológica concreta para determinados epígrafes como por ejemplo la brecha salarial. Es fundamental saber que todos están midiendo lo mismo para poder comparar a nivel intra e intersectorial ya que esto puede influir incluso en la reputación. Tampoco es lo mismo, especificó, qué significa el Cambio Climático para el sector Financiero, ya que supone un riesgo de transición, que para el sector extractivo. El legislador a veces va demasiado rápido y hay ciertos temas que requieren un grado de madurez en las empresas.

Maria José es partidaria de que la información no financiera se integre en el informe de gestión ya que permite tener toda la información en un mismo informe y facilita el acceso. Destacó sin embargo que “hay que tener en cuenta que no todas las partes interesadas usan el mismo lenguaje ni necesitan la misma información”.

ONGs, asociaciones de consumo y sindicatos conforman la asociación del el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio de RSC) impulsando en España la correcta aplicación de la responsabilidad social corporativa. Para Orencio Vázquez, Coordinador del Observatorio , la sociedad no está utilizando la información incluida en las memorias porque no está fácilmente accesible, no es material, relevante, ni comparable. Sin embargo, destacó que sí que se percibe un salto cualitativo en la calidad de la información cuando la regulación fija unos criterios claros, por lo que se debe requerir información más precisa.

Para él España ha sido un laboratorio interesante. La Ley que la transpone es mas ambiciosa que la Directiva, y recoge algunos aspectos más avanzados ya identificados. Sin embargo ha fallado la definición de metodologías en la medición. La modificación debe ser más ambiciosa y subraya la necesidad de verificación de la información por terceros como un aspecto imprescindible. Es necesaria la capacitación técnica de estas empresas verificadoras. En los análisis de memorias del OBRSC , se ha encontrado discordancias entre los informes de los verificadores y la de sus analistas. Para la nueva regulación pide que se aclare los conceptos de materialidad, riesgos e impactos. Para definir qué son riesgos y qué son impactos se necesitan estándares específicos que establezcan el alcance de estos conceptos. A Orencio le gustaría que el proceso de revisión se haga con calma para no errar y tener que revisar el reglamento en dos años.

Dos figuras históricas en el desarrollo de las política de Responsabilidad Social Corporativa en Europa y España

El webinar contó con dos figuras históricas en el desarrollo de la RSC en Europa y en España: Ramón Jauregui, Ex-Eurodiputado del Parlamento Europeo y Ex-Ministro de Presidencia del Gobierno de España, que ha liderado tanto en el parlamento español como en el europeo el impulso a las políticas de RSC, y Pedro Ortún, Ex -Director de Empresa e Industria de la Comisión Europea, que impulsó y llevó a cabo el desarrollo de la Directiva que hoy regula la RSC en Europa.

Ambos dieron una perspectiva de lo que tenemos hoy gracias a los primeros pasos que se dieron 20 años atrás, su análisis sobre la aplicación de la Directiva tras la lectura del informe de la ATC, y la visión de lo que todavía puede y debe llegar a ser la nueva regulación teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta.

Pedro Ortún inició el debate animando a aprovechar el empuje del esfuerzo post COVID19 y del plan de recuperación de la Unión Europea y de los países miembros, para fomentar un cambio que aborde retos como el de la Sostenibilidad, los Derechos Humanos o éste de la transparencia de las empresas desde unos instrumentos renovados. Para ello apuntó que se necesita un liderazgo claro en este ámbito desde las instituciones públicas, la empresa y la propia sociedad. Pedro Ortún, empezó aclarando que hablaba como ciudadano, y que por tanto sus opiniones no tenían por qué corresponder, ni comprometer, a las de Comisión Europea.

Insistió en la necesidad de coordinar la reforma de la Directiva NFR con otras iniciativas en desarrollo por la Comisión, como la anunciada por el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, en relación a una futura regulación sobre debida diligencia en materia de Derechos Humanos, y de asegurar la coherencia entre todas las iniciativas relacionadas, como la Sostenibilidad en el Gobierno Corporativo, la Agenda de Finanzas Sostenibles y la taxonomía para inversiones sostenibles. Pedro apuesta por un reglamento que englobe a todos los instrumentos de reporting y transparencia. A nivel político, cree que hay que crear un “smart mix” de medidas legislativas y voluntarias que incentiven las conductas responsables de las empresas y de las propias administraciones públicas, en línea con la Agenda 2030. Incluye la ambición de que se puedan corregir y sancionar comportamientos irresponsables, algo que ya abrió la puerta la legislación francesa, y cree que las empresas deberían dar explicaciones de por qué no están reportando sobre los requisitos requeridos en la actual Directiva NFR, que todavía no se aplica en toda su extensión ni en su letra ni en su espíritu, como queda reflejado en el Informe de la Alliance for Corporate Transparency presentado hoy por Sustentia.

Pedro pone el foco en retomar por la UE el liderazgo en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de Sostenibilidad, y nos recuerda que el Programa de trabajo de las tres próximas Presidencias del Consejo de la UE (Alemania, Portugal y Eslovenia) insisten en dicha coherencia y pide a la Comisión que elabore una nueva Comunicación sobre la RSE, con un Plan de Acción que también tenga en cuenta las lecciones y prioridades para afrontar la crisis del COVID-19. En él, la UE se comprometería a mantener una Europa sostenible e inclusiva y a promover los intereses y valores europeos en todo el mundo. Entre ellos, figuran los derechos humanos, la igualdad y la responsabilidad social de las empresas.

Para mejorar la Directiva, y apoyándose en los resultados del informe de la ACT , Pedro confirma la necesidad de crear unos estándares y que Europa lidere su internacionalización. Es importante que todas las empresas compitan dentro de los mismos marcos regulatorios a nivel global. No basta con hacer la ley, también se debe asegurar que haya mecanismos que impliquen el cumplimiento de esta ley. Sobre el contenido, ambicionaría que incluyan en el reporte, elementos como la transparencia fiscal por países (country by country) y la debida diligencia.

En el escenario actual, sería importante promover que las ayudas financieras nacionales y europeas a empresas afectadas por la crisis del COVID-19 estén ligadas a que éstas desarrollen prácticas responsables y estrategias de inversión sostenibles y respetuosas de los derechos humanos en sus cadenas de suministro.

Por su parte Ramón Jáuregui remarcó que las compañías no son entes aislados y deben contribuir para construir una sociedad mejor, y que la Directiva fue un hito porque convirtió en obligación y materializó las estrategias de responsabilidad social de las compañías. Ramón destacó que en estos tiempos de coronavirus el comportamiento de las empresas y su impacto en la sociedad es un ámbito de preocupación de la sociedad, pudiéndose dar que por casos escandalosos se genere “alarma social”. Hay una demanda de transparencia sobre fiscalidad. Es necesario ordenar los distintos modelos de rendición de cuentas (accountability) existentes, y en el marco de las iniciativas internacionales, promover una homologación para que la información en materia de fiscalidad sea más transparente y mensurable. En temas laborales se debe hablar de una seguridad nueva «una cultura de la seguridad laboral inclusiva, más participada por parte de sus trabajadores, que tiene que incorporarse de manera distinta». Viene un gran debate sobre la deslocalización y se va a demandar una aplicación severa sobre la aplicación de los derechos humanos.

A partir de la pandemia hay nuevas exigencias desde la sociedad hacia las compañías. Hoy existe en la sociedad una preocupación de que los impactos de las actividades y decisiones empresariales no aumenten el efecto del cambio climático, erosionen los recursos públicos por estrategias fiscales elusivas, que respeten los derechos laborales y generen relaciones de trabajo decente, no precario, que tengan modelos de trabajo seguros, especialmente en el actual contexto de la pandemia, etc.

Si bien reconoció el gran papel que ha tenido la Directiva de información no financiera en avanzar en la transparencia de las empresas, también destacó que este avance no ha bastado, y que por tanto se ve necesaria la revisión de la misma para conseguir que las empresas den información que pueda ser más útil a la sociedad, ciudadanía, inversores y consumidores. Reconoce que como refleja el estudio, en la actualidad se puede decir que los informes de sostenibilidad se incluyen más compromisos que resultados, y que por tanto la información no es tan útil para tomar decisiones de los actores económicos, sociales, la administración pública y la ciudadanía.

Destacó que es necesario que toda esta información sea útil para que la sociedad la valore y la utilice, ya sea para premiar o castigar con sus decisiones. Si la información que se publica no lo permite, pues no es comparable, no existe la confianza en que es real y significativa sobre el comportamiento y el impacto de las empresas, entonces será inútil el esfuerzo y además no cumple el espíritu del legislador. Mejorar la Directiva de información de sostenibilidad debe buscar evitar “que la memoria social y medioambiental no quede en el vacío”, y no sea considerada como información valiosa por los actores.

También hizo una reflexión sobre que estos procesos deben ser analizados desde una perspectiva histórica, para entender cómo se dan las transformaciones de la sociedad, que en muchos casos parten de políticas o leyes blandas basadas en recomendaciones, que esperan una voluntariedad y de las buenas prácticas de los sujetos obligados, en este caso las empresas, para después evolucionar a una ley donde se recogen requisitos mandatorios, para conseguir alcanzar el objetivo de dicha política.

Ramón Jáuregui valoró altamente la calidad del estudio presentado, porque es una evidencia que ayuda a fundamentar objetivamente la necesidad de creación de estándares que permitan la comparabilidad, el aseguramiento, el análisis de la información, y por tanto la utilidad y uso de la información.

Por último, animó a seguir trabajando en áreas donde todavía hay mucho camino por recorrer, como por ejemplo en materia de fiscalidad responsable, de derechos humanos, o modelos de negocio que generen impactos positivos por los productos y servicios que desarrollan las empresas.

Declaraciones de Carlos Cordero, socio-director de Sustentia, conductor de la jornada y moderador del debate:

«Para ser útil en la toma de decisiones de inversores, sociedad civil, instituciones públicas, la información no financiera sobre sostenibilidad de las empresas en debe ser fiable, comparable, y relevante. Los resultados de la investigación muestran que ello es un problema particular en la descripción de riesgos, evidenciando que algunas empresas omiten información relevante, es muy vaga, o no específica, provocando que inversores, sociedad civil, y supervisores, entre otros, no tengan la información necesaria para calibrar los riesgos adecuadamente».

«Por otro lado se evidencia en el estudio la importancia de la divulgación por parte de la empresa del proceso y resultados del análisis de doble materialidad de su modelo de negocio, y cómo su estrategia está contestando a dichos riesgos».

«En este sentido desarrollar un estándar europeo común mandatorio en divulgación de información no financiera y de sostenibilidad evitaría algunas de las dificultades que tienen muchas empresas en saber cuáles son los requisitos legales. Por otra parte también contestaría a la necesidad de un mejorar la eficacia del aseguramiento de dicha información por parte de terceros independientes, así como de supervisión de las inistituciones públicas. Personalmente creo que el proceso de revisión de la directiva de la Unión Europea es una buena oportunidad para abordar todas estas mejoras necesarias, que un estudio como el que desde ACT hemos evidenciado».