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Sustentia capacita sobre Derechos Humanos y empresa a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación de Colombia

Como parte de las actividades que la OIT desarrolla dentro del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (Proyecto CERALC), durante el mes de diciembre de 2020 Sustentia está impartiendo un Curso en línea de 4 Módulos de capacitación sobre Derechos Humanos y Empresa a la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Colombia.

Las sesiones buscan compartir con los equipos de la entidad, con énfasis en los de los territorios, conocimientos sobre este ámbito de trabajo, con el marco que establecen los Principios Rectores de ONU sobre empresas y derechos humanos como referencia principal.

La formación hace parte de una estrategia más amplia de trabajo de la PGN en este tema, que empezó con la publicación de la Directiva 001 de 2014 con la que el Ministerio Público adoptó los Principios Rectores. Continuando con el compromiso y el trabajo para impulsar su implementación, esta Directiva está a punto de ser actualizada.

La temática de DHE es muy relevante tanto en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, como en el actual contexto de emergencia sanitaria, económica y social derivada de la pandemia de COVID 19, y para la reconstrucción. Las empresas son actores claves, y al tiempo que hay riesgos importantes que gestionar en este contexto, hay una gran oportunidad para impulsar Conductas Empresariales Responsables que aseguren el respeto de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y una mayor resiliencia frente desastres.

En el caso de Colombia, la Procuraduría General de la Nación es un actor muy relevante, ya que por su naturaleza y fines misionales puede contribuir de manera amplia al marco que proponen los Principios Rectores en la obligación del Estado de “proteger”, desde la promoción del diálogo social, la promoción y garantía de los derechos humanos, y velando por el ejercicio diligente de la función pública.

¿Qué deben saber los servidores públicos en todos sectores, niveles y entidades sobre Derechos Humanos y Empresas, incluyendo las empresas públicas? ¿Por qué es importante que se capaciten en este tema?

A pesar de que se cumplen ya 10 años desde su aprobación, todavía queda mucho trabajo por hacer para dar a conocer e implementar la propuesta que hacen los Principios Rectores de ONU sobre empresa y derechos humanos: principios, medidas y herramientas para proteger, respetar y remediar frente a afectaciones a los derechos humanos (esto incluye el medio ambiente) en las actividades empresariales, con un enfoque preventivo de gestión de riesgos. Es un ámbito de práctica relativamente novedoso y desconocido, y a veces tanto al Estado como a las empresas les cuesta encontrar la manera de abordarlo. Basándose en la normativa internacional, los PR se enfocan en las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas al respecto.

Es importante que desde el servicio público en todos sus niveles de decisión y operación se conozcan las claves para entender la complejidad y el alcance del problema, y cómo se ha conseguido llegar a instrumentos concretos para abordarlo de manera práctica, construyendo progresivamente un programa de trabajo bajo un fuerte consenso. Los PR fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea de ONU en 2011, tras un proceso de trabajo mundial y multiactor, que le ha dado una gran legitimidad al resultado, lo que ha hecho que normas y estándares internacionales, como las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y muchos otros se alineen con sus propuestas.

Además, los Principios Rectores han impulsado un proceso creciente de desarrollos legislativos nacionales y regionales en el todo el mundo, en ámbitos como la transparencia y el reporte de las empresas (NFR), la responsabilidad sobre la gestión de la cadena de suministro, o la debida diligencia, todos ellos claves para impulsar avances y resultados de manera sistémica.

¿Cómo pueden contribuir los Principios Rectores a gestionar positivamente los retos actuales de transformación social, productiva y económica, y a los problemas que se derivan de estos?

La empresa en todos sus formatos (multinacional, PYME, micro, social, mixta, emprendimientos, etc.) es un actor clave de la sociedad. En su necesaria involucración en la implementación de todas las agendas en curso, estrechamente relacionadas, se ha visto que hay una gran oportunidad y necesidad de impulsar conductas empresariales responsables, que aseguren el respeto de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, la solución de problemas sociales y una mayor resiliencia frente a riesgos de desastres sin dejar a nadie atrás. Estos retos ya existían antes de las crisis generadas por la pandemia de COVID-19, que ha dado gran visibilidad a cuestiones de vulnerabilidad estructural por resolver.

Por otra parte, los grandes retos que se enfrentan derivados de la transformación digital, la transición ecológica y el fortalecimiento de la cohesión social y la democracia, también requieren de conductas empresariales que acompañen positivamente estas transformaciones y aborden los riesgos y tensiones que hay en ellas: transformación del empleo, trabajo digno y oportunidades, aumento de las brechas sociales y desigualdad, cadenas de suministro ambiental y socialmente responsables, innovación, privacidad de los datos personales, acceso a información precisa y de calidad, libertad de expresión, discursos de odio y diversidad, salud y educación, etc.

Los Principios Rectores facilitan un marco en el que los actores desde sus mandatos se deben interpretar, para así desarrollar las medidas que les son propias desde sus competencias. Además remarcan la necesidad de asegurar la coherencia entre estrategias, políticas y medidas con el fin de que se generen sinergias entre ellas, y que unas actúen como palancas de las otras. Aunque no son el único instrumento, los Planes Nacionales de Acción sobre Derechos Humanos y empresa (24 aprobados y 23 en proceso) pueden llegar a tener un papel muy relevante para ayudar a garantizar esa coherencia, tanto vertical como horizontal, y a mejorar la efectividad de la política pública y normativas relacionadas con derechos humanos y empresas.

¿Cómo se podría aplicar este curso a otras entidades públicas en América Latina y en otros países?

Los Principios Rectores dan un marco de trabajo, de obligaciones y responsabilidades, de medidas posibles. Sin embargo, otra de las cosas que se enfatiza es que no son una “caja de herramientas”, y es necesario encontrar la forma de aplicarlos en cada contexto concreto y por cada actor concreto. La capacitación es necesaria para aterrizar las claves de la propia problemática y las propuestas de trabajo que hacen los Principios Rectores y otros estándares internacionales.

Bajo la lógica de los tres pilares “proteger, respetar y remediar”, y de las temáticas específicas y retos que se aborda, un proceso de capacitación de este tipo pasa siempre por interpretar este marco en los mandatos y competencias de cada entidad. También es importante buscar la continuidad del proceso para conseguir poder poner en práctica esas capacidades que se busca generar, con las herramientas adecuadas para llevarlas a la práctica de manera eficaz.

Junto con el diálogo constante con todos los actores para entender el alcance y características de la problemática que se presente en cada caso, y la articulación de acciones necesarias, la capacitación es uno de los componentes necesarios dentro de una estrategia más completa que permita a cada entidad del Estado apoyar el cumplimiento de la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y facilitar el acceso al remedio en este ámbito desde sus competencias, sector y mandato. En este sentido, ambas cuestiones se pueden replicar en cualquier entidad del Estado, en cualquier país.