Durante la respuesta internacional ante el COVID-19, una buena parte de las controversias ha girado en torno al manejo de la información: composición de comités, ocupación de hospitales, disponibilidad de equipos de respiración, compras a proveedores, planes de desconfinamiento, personal de rastreo, planes de vacunación, etc.

Durante estos debates, a menudo se olvida que el acceso a la información por parte de los ciudadanos forma parte de los derechos humanos consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 establece la «libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole». Además, el manejo de la información durante la pandemia también está relacionado con otros derechos como el de protección de datos personales y el de no discriminación, que se ve especialmente afectado cuando el flujo desordenado de noticias propicia la estigmatización de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Ante la necesidad de unificar criterios y elaborar un mensaje coherente desde una perspectiva de derechos, la RTA (Red de Transparencia y Acceso a la Información) ha contado con el apoyo del Área de Gobernanza del programa de la Unión Europea EUROsociAL+ (coordinada la FIIAPP), para llevar a cabo un estudio sobre la respuesta a la emergencia en distintos países de los ámbitos latinoamericano y europeo. Desde que irrumpió la pandemia este programa ha estado apoyando, desde sus diferentes áreas, acciones para mitigar el impacto de la crisis humanitaria, social y económica en la que están inmersos los países. La investigación ha estado a cargo de Sustentia, que ha llevado un análisis exhaustivo sobre la respuesta dada en cada país, ha extraído las lecciones aprendidas y ha redactado las recomendaciones para garantizar el acceso a la información en futuros escenarios de desastre.

La investigación se ha centrado en recopilar experiencias sobre cuatro áreas concretas:

• Garantías y limitaciones de derechos: garantías legales, modificación de procedimientos administrativos y apelaciones.
• Barreras prácticas al ejercicio de derechos y respuesta en la emergencia: brecha digital, planes de contingencia, magistratura moral, trabajo en remoto, realización de trámites en línea y archivos digitales.
• Transparencia activa y derecho a la salud: criterios de publicación, supervisión de la información publicada y formas de difusión de la información.
• Tensiones y colisiones entre derechos: prevención de la desinformación y la infodemia, protección de datos personales, uso de aplicaciones móviles, gestión del riesgo de estigmatización y excepciones de transparencia.

El informe ya está disponible para su descarga gratuita y fue presentado el jueves 26 de febrero en un seminario web organizado de manera conjunta por la RTA y EUROsociAL+. Además de servir para exponer los principales hallazgos del informe, el encuentro contó con dos mesas de diálogo conformadas por reconocidos expertos en transparencia procedentes tanto del sector público como de la sociedad civil.

El análisis se ha centrado especialmente en el papel de los órganos garantes, que son aquellas entidades encargadas de velar en cada país por el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Entendiendo la pandemia de COVID-19 como un desastre, el análisis ha mostrado las distintas actividades que los órganos garantes han venido realizando en las distintas fases de la emergencia desde su rol de magistratura moral en la defensa de derechos:

Como fruto del análisis de las experiencias recabadas a nivel internacional, el informe elaborado por Sustentia concluye con una serie de recomendaciones destinadas a orientar la acción de los órganos garantes en lo que resta de pandemia, así como ante futuros desastres: promoción del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, priorización de solicitudes de información relacionadas con la emergencia, definición de planes de contingencia, atención a la brecha digital, prevención de la estigmatización, actualización dinámica de los requerimientos de transparencia activa, inclusión de la difusión de información como parte integral de la respuesta a la pandemia, verificación de la información publicada, control de compras públicas, etc.

Las experiencias recopiladas en el estudio hacen ver que, lejos de existir un dilema entre la transparencia y la eficacia en la respuesta a la pandemia, el acceso a la información por parte de la ciudadanía es un derecho llave que ayuda a salvar vidas y que fortalece la gobernabilidad democrática y la resiliencia social.

Puede descargar el informe completo en este enlace: