Cuenta atrás para la reforma que revisará las obligaciones de las empresas en materia de informes de sostenibilidad en Europa
Este artículo es una revisión y adaptación realizada por Sustentia del original escrito por Frank Bold, en el marco de trabajo de la Alianza para la Transparencia Corporativa (ACT), para su publicación en España. Es el primero de una serie de artículos mensuales que se publicarán con el objetivo de difundir la importancia de la presentación de informes de sostenibilidad, y de los cambios normativos en marcha en la Unión Europea al respecto para 2021. El siguiente artículo, que se publicará próximamente, revisará la relación entre información no financiera y gobierno corporativo. Las opiniones incluidas son de los autores en este artículo, y no tienen por qué representar necesariamente la opinión de otros miembros de la Alianza para Transparencia Corporativa (ACT).
Resumen:
- ¿Qué cambios traerá esta reforma y qué temas podemos esperar que sean los principales puntos de debate este año en la UE?
- ¿Por qué es necesaria la reforma de la Directiva Europea de Información No Financiera?
- Múltiples jugadores en una partida de alto riesgo
- 10 puntos clave que se esperan de la propuesta de reforma de este mes de abril
- No pierda el tren
El año 2021 es clave para el avance de las políticas de sostenibilidad en Europa. La Unión Europea adoptará importantes medidas en este año, para mejorar su liderazgo en materia de financiación sostenible, buscando reorientar estratégicamente el dinero privado y público hacia actividades sostenibles. Esta reorientación de las inversiones será fundamental para alcanzar los objetivos de la Unión para 2030 acordados en París, y cumplir con la estrategia de crecimiento establecida en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal). Este pacto tiene por objeto hacer frente a la amenaza existencial que representa el cambio climático para Europa y el mundo, logrando que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean nulas de aquí a 2050, y desvinculando el crecimiento económico del uso de los recursos naturales.
Para lograrlo, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuinness, ha sido muy clara en sus apariciones públicas: necesitamos movilizar al menos medio billón de euros al año de inversiones adicionales en la UE. McGuinness ha identificado la reforma de la Directiva de Información No Financiera de la UE (NFRD) como «una de las prioridades para fortalecer las bases de la inversión sostenible».
También la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende la necesidad de una Agenda Estratégica de Finanzas Sostenibles en España: “La agenda de la sostenibilidad no es una cuestión estética sino que debe ser integrada de manera estructural en las políticas, si se quiere maximizar sus beneficios en el medio y largo plazo. Políticas estables y ambiciosas deben acompañar y guiar las inversiones para ordenar la transición ecológica y dar confianza para, así, aportar solvencia al cumplimiento del objetivo de mantener el calentamiento global en el límite de seguridad del 1,5º C. España, como ya está demostrando, está dispuesta a dar la batalla de la mano del sector financiero”.
No obstante la realidad es tozuda, sin datos fiables, comparables y significativos por parte de las empresas sobre su sostenibilidad, los inversores y los bancos no podrán reorientar las finanzas necesarias hacia inversiones sostenibles, mientras que las propias empresas estarán ciegas ante los principales riesgos y oportunidades de negocio en una economía en rápida evolución. Una barrera práctica es la ausencia de información de calidad sobre aspectos de sostenibilidad que sean útiles para la toma de decisiones de los diversos actores económicos, sociales e institucionales.
En este sentido una información fiable sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobierno (ASG) también es demandada por un número cada vez mayor de inversores privados que buscan comprometerse de forma más activa y responsable con los impactos sociales y ambientales de las empresas en las que son accionistas. Como indica la 6ª edición del Observatorio de la Inversión ASG, ha comenzado una nueva era de activismo de los accionistas basado en los temas ASG (elaborado por la firma de servicios de comunicación e información a accionistas Georgeson, y el Club de Excelencia en Sostenibilidad). Junto con la integración de las cuestiones ASG en la gestión empresarial, otra de las estrategias más seguidas por los inversores preocupados por cuestiones sociales y ambientales es la exclusión de determinados sectores o empresas de su universo de inversiones. Según indica Georgeson, la exclusión por parte de inversores institucionales y fondos de inversión no solamente causa un daño económico, sino también un riesgo reputacional que cada vez tiene mayor impacto.
La Directiva Europea sobre Información No Financiera (Directiva 2014/95/UE) ya introdujo en España la obligación para las grandes empresas europeas de divulgar información sobre sus riesgos e impactos en materia de sostenibilidad a través de la Ley 11/2018 sobre de información no financiera y diversidad.
Sin embargo, como muestra la investigación de 1.000 empresas europeas realizada por la Alianza para la Transparencia Corporativa en 2019, la calidad y la relevancia, y por tanto la utilidad de la información siguen siendo críticamente pobres, por lo que se pierde el objetivo de dicha legislación. En noviembre de 2020, la Alianza para la Transparencia Empresarial publicó un nuevo informe centrado en la información medioambiental más reciente de 300 empresas del centro y el sur de Europa. Los datos de este segundo informe apuntan en la misma línea, ya que sólo un 14% de las empresas españolas analizadas realizan un análisis de riesgos usando escenarios de calentamiento de 1,5 °C o muy por debajo de 2 °C.
Después de sufrir algunos retrasos, la publicación de una propuesta de reforma de la Directiva está prevista actualmente para abril de 2021 (inicialmente se esperaba para marzo). Por otro lado, ya están en marcha los planes para desarrollar estándares de información de la UE detallados, que respalden la legislación, y faciliten a las empresas la presentación de informes.
Calendario de la reforma legal y su aplicación en 2021
El principal cambio introducido por la reforma será la ampliación del ámbito de aplicación de la ley. En la actualidad, la Directiva afecta a unas 6.000 empresas en toda Europa, número que podrán ampliarse a un abanico adicional de al menos 35.000 grandes empresas y hasta 100.000 empresas si se incluyen las pequeñas y medianas de alto riesgo, en la UE-27.
¿Qué cambios traerá esta reforma y qué temas podemos esperar que sean los principales puntos de debate este año en la UE?
Para quienes no estén familiarizados con el tren de la política de Bruselas, la revisión de esta legislación se incluyó en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles y recibió un apoyo abrumador de todas las partes interesadas en la consulta pública organizada por la Comisión Europea el año pasado: el 82% de las empresas, los inversores y las organizaciones de la sociedad civil pidieron la obligación de informar, y la clarificación del marco jurídico. Del mismo modo, se encargó al EFRAG (órgano consultivo, de naturaleza público-privada, de las instituciones de la UE) el desarrollo de los trabajos preparatorios para la creación de normas de la UE, lo que supondría un paso histórico en la normalización mundial.
Tanto el Pacto Verde Europeo como el Fondo Europeo de Recuperación COVID-19 hacen referencia directa a la necesidad de que las empresas aporten datos fiables y significativos sobre sostenibilidad. De acuerdo con fuentes oficiales, España será el segundo país más beneficiado, con una asignación total de en torno a 140.000 millones de euros, lo que representa el 11% del PIB nacional. Los proyectos de inversión del Plan de Recupera España son una oportunidad única en esta generación para transformar la matriz económica del país, haciéndola más sostenible, resiliente e inclusiva, y favoreciendo alcanzar los objetivos, europeos e internacionales a los que se ha comprometido.
La mejora de la transparencia empresarial en materia de sostenibilidad también desempeña un papel importante en la conexión entre la agenda europea de las finanzas sostenibles* (los inversores deben informar sobre cómo integran las cuestiones de sostenibilidad en sus estrategias a partir de junio de 2021), y la próxima propuesta legislativa sobre gobierno corporativo (que se espera que aclare las obligaciones de la dirección y los requisitos de debida diligencia en materia de sostenibilidad, también en 2021).
*La Comisión Europea dará seguimiento al Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles con una estrategia renovada de financiación sostenible prevista para junio 2021 junto con la propuesta de reforma de la NFRD. Esta hoja de ruta determinará los próximos pasos que dará la Comisión de la UE para apoyar la transición a una economía sostenible y probablemente incluirá: nuevos trabajos sobre la integración de los criterios de sostenibilidad en los mercados financieros (es decir, bonos verdes, digitalización, inversores minoristas, regulación prudencial bancaria, gestión de activos y fondos de pensiones, normas contables y definiciones de sostenibilidad en productos financieros y agencias de calificación). También se espera que la estrategia renovada tenga en cuenta el trabajo que la Dirección General de Justicia y Consumidores está liderando en materia de gobierno corporativo sostenible.
Ver aquí infografía de lementos clave del programa de reforma de las finanzas sostenibles europeas (Fuente: Comisión Europea).
¿De dónde ? Ver infografía aquí (Fuente: Comisión Europea).
¿Por qué es necesaria la reforma de la Directiva Europea de Información No Financiera?
Al igual que la contabilidad financiera, los datos sobre sostenibilidad se están convirtiendo en algo esencial para una gestión empresarial eficaz de las dificultades y oportunidades en un mundo que cambia rápidamente. Los clientes, los inversores y los bancos también empiezan a exigir esos datos para evaluar la estrategia y la viabilidad a largo plazo de la empresa, y tenerlos en cuenta en sus decisiones comerciales. Ante los retos globales que esta generación necesita contestar cada actor tiene un papel. Sin duda los gobiernos lo tienen como decisores de la política pública, los parlamentos como legisladores que definen el marco normativo, la sociedad civil organizada como articuladores de las demandas, prioridades y propuestas, las empresas y sindicatos como actores económicos y sociales imprescindibles en el mercado, así como ciudadanía que con sus decisiones económicas, sociales y políticas definen la sociedad resultante.
Por ello los gobiernos necesitan que, para cumplir los compromisos internacionales que han contraído, las empresas tomen la iniciativa y transformen activamente su modelo de negocio para alinearlo y sea coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, así como otros acuerdos internacionales. Muchas empresas están demostrando que tienen un compromiso genuino de hacerlo, y aunque son cada vez más las que apuestan por ello activamente, todavía es necesario escalar y generalizar el cambio de paradigma para tener un impacto real y efectivo. Diversos estudios muestran que la información actual que publican las empresas sobre sus riesgos e impactos, ambientales, sociales en derechos humanos, en corrupción o en gobierno corporativo, no es compatible con estos objetivos. También se pone en evidencia que la falta de integración de esta información, de riesgos e impactos en sostenibilidad, con los informes financieros hace que la misma tampoco sea suficientemente útil para la toma de decisiones empresariales, de los inversores, por parte de las instituciones públicas o la ciudadanía.
Ramón Jáuregui Ex-Eurodiputado del Parlamento Europeo y Ex-Ministro de Presidencia del Gobierno de España destacó en la presentación en España del estudio de la Alianza para la Transparencia Corporativa sobre los datos divulgados por 1.000 empresas europeas que “es necesario que toda esta información sea útil para que la sociedad la valore y la utilice, ya sea para premiar o castigar con sus decisiones. Si la información que se publica no lo permite, pues no es comparable, no existe la confianza en que es real, significativa sobre el comportamiento y el impacto de las empresas, entonces será inútil el esfuerzo, y además no cumpliría con el espíritu del legislador”.
Información adicional
Sustentia y Frank Bold, en el marco de la Alianza para la Transparencia Corporativa, organizaron en junio pasado el seminario web Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en España y la Unión Europea 2020, en el que se presentaron los principales datos, análisis y conclusiones de la investigación realizada sobre información de sostenibilidad publicada por 1000 empresas bajo criterios de la Directiva Europea de Información no Financiera, con un informe específico sobre empresas españolas.
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Muchas empresas encuentran el panorama confuso y piden que la revisión aporte más claridad. Según cifras aportadas por Grant Thornton, la Ley 11/2018 sobre de información no financiera sigue siendo una gran desconocida en España. Cerca del 52% del mid market nacional reconoce no conocer los requisitos que se precisan para realizar un Estado de Información no Financiera.
Esta falta de información afecta también a los inversores, que afirman que la información actual no satisface sus necesidades y, de acuerdo con los datos aportados por el informe de Spainsif de 2020, recurren mayoritariamente a Agencias de rating ASG.
Según el inversor Robert Sroka, director de ESG de Abris Capital -con una cartera de 1.300 millones de dólares en capital comprometido-, los mayores retos son la calidad y comparabilidad de los datos de sostenibilidad, la falta de comprensión de su papel por parte de la dirección de las empresas y la insuficiente integración de los datos de sostenibilidad en la estrategia corporativa por parte del consejo de administración.
Ante este panorama, Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto, ha subrayado la relevancia de una “mejora de los estándares de información no financiera”.
El estudio de la Alianza para la Transparencia Corporativa sobre los datos divulgados por 1.000 empresas europeas muestra que la mayoría de las empresas no trabajan con, ni divulgan, datos e información relevantes. Por ejemplo, mientras que la mayoría de las empresas informan de sus compromisos políticos generales con el cambio climático y los derechos humanos (88% y 82% respectivamente), una fracción mucho más pequeña publica información relevante y significativa sobre estos temas. Por ejemplo sólo el 36,2% de las empresas analizadas informa de sus objetivos climáticos, un porcentaje aún menor informa de la alineación de dicho objetivo con el Acuerdo de París/Metas Basadas en la Ciencia (13,9%), y aún menos (< 6%) aporta información sobre cómo considera los riesgos en su modelo de negocio en un escenario por debajo de 2°C, o en horizontes temporales relevantes. Del mismo modo, sólo el 23% de las empresas informan sobre la determinación de riesgos significativos o impactos en materia de derechos humanos, pero menos del 4% presentan ejemplos del periodo de reporte que ilustren la gestión eficaz de estos riesgos o impactos (3,6%). En general, los informes se centran en la presentación de políticas y compromisos generales, pero no en objetivos concretos, ni resultados de las políticas respecto a los objetivos, ni en información específica sobre cómo se han gestionado los riesgos e impactos del negocio en el periodo. Esto hace que la información no tenga una naturaleza de rendición de cuentas, y por tanto no sea útil para entender la gestión de estos temas, ni los resultados del ejercicio, por parte de los inversores, clientes, instituciones, ciudadanía u otros actores en sus decisiones.
“Los informes se centran en presentar políticas y compromisos generales (80-90% para cuestiones clave como el clima, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción), pero no metas concretas, resultados de políticas con respecto a estos objetivos e información específica sobre riesgos e impactos (20% en promedio)”, tal y como afirmó Juanjo Cordero Socio de Sustentia y coordinador del estudio sobre el Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en España y la Unión Europea 2020 sobre los datos divulgados por 1.000 empresas europeas, realizado por la Alianza para la Transparencia Corporativa, en el webinar de presentación organizado por Sustentia y Frank Bold.
En noviembre de 2020, la Alianza para la Transparencia Empresarial publicó un nuevo informe centrado en la información medioambiental más reciente de 300 empresas, de Europa central, oriental y meridional, de sectores significativamente expuestos a los riesgos climáticos. Este nuevo estudio mostró avances en algunas cuestiones relacionadas con la información ambiental (por ejemplo, establecimiento de metas climáticas), aunque se siguen considerando insuficientes. Por ejemplo, sólo el 16% de las empresas analizadas enmarcaron sus objetivos climáticos con respecto a los objetivos del Acuerdo de París, mientras que apenas el 8,9% considera los riesgos de impactos ambientales en horizontes temporales relevantes, según se espera en la lógica de doble materialidad promovida por la UE. En este último estudio se ha observado un mejor desempeño por parte de las empresas españolas, lo que puede estar relacionado con las mayores exigencias de la regulación nacional (Ley 11/2018). Se espera que la nueva reforma de la Directiva de Información No Financiera nivele las reglas del juego en los distintos países de la Unión Europea. Puede consultar un resumen visual de las principales conclusiones aquí.
Otros estudios, con enfoque en la gestión de riesgos ambientales y la información publicada por las empresas, también apuntan a conclusiones similares. Así lo confirma una amplia investigación basada en evidencias, como la realizada por la CDSB (Climate Disclosure Standards Board). Este estudio muestra que mientras que el 68% de las empresas evaluadas por la CDSB incluyen alguna referencia a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés), pero sólo el 18% proporciona detalles sobre su resistencia a diferentes escenarios climáticos, y apenas un 4% divulga los riesgos climáticos en horizontes temporales a corto, medio y largo plazo.
Estudios realizados por empresas consultoras y de contabilidad, aunque con un enfoque más optimista, también reconocen estos problemas conceptuales. Por ejemplo, un estudio global de KPMG documentó que la información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU está aumentando; sin embargo, sigue siendo muy desequilibrada (el 86% de las empresas informan sólo sobre los impactos positivos en los ODS, sin mencionar los negativos), y la información publicada suele estar desconectada de los objetivos empresariales. Esta práctica de informar estaría desalineada con la perspectiva de gestión de riesgos y debida diligencia.
Si bien el progreso es tímido, y por otra parte prometedor con empresas líderes que muestran el camino a seguir en varios sectores, los responsables políticos deben garantizar que el ritmo se acelere sustancialmente si la UE desea alcanzar sus objetivos climáticos, y su compromisos políticos sobre gobierno corporativo, debida diligencia e inversiones sostenibles, entre otros.
En este sentido la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM, ESMA por sus siglas en inglés) también señaló los problemas persistentes relativos a la falta de divulgación cuantitativa, de metas objetivas, y de descripciones de la diligencia debida en materia de derechos humanos y riesgos climáticos. En su última declaración sobre las prioridades comunes de aplicación, la AEVM aconsejó a las empresas que divulgaran los riesgos e incertidumbres, así como las medidas y objetivos relacionados con el cambio climático en todos los horizontes temporales pertinentes.
«Para ser útil en la toma de decisiones de inversores, sociedad civil, instituciones públicas, la información no financiera de las empresas debe ser fiable, comparable, y relevante. Los resultados de la investigación muestran que ello es un problema particular en la descripción de riesgos, evidenciando que algunas empresas omiten información relevante, es muy vaga, o no específica, provocando que inversores, sociedad civil, y supervisores, entre otros actores, no tengan la información necesaria para calibrar los riesgos de la empresa adecuadamente», indicó Carlos Cordero Socio-Director de Sustentia en la presentación en España del Informe de la Alianza para la Transparencia Corporativa sobre los datos divulgados por 1.000 empresas europeas .
Múltiples jugadores en una partida de alto riesgo
Ante la próxima propuesta de reforma de la Directiva Europea de Información No Financiera (Directiva 2014/95/UE) surge la duda de qué información es la que deberán incluir las empresas en los estados de información no financiera (EINF). La complejidad de la cuestión, así como los múltiples y variados intereses en estos desarrollos, podrían socavar gravemente el éxito de la reforma. El impulso a la legislación es una oportunidad para simplificar el panorama de la información, y para ayudar a las empresas a centrarse en gestionar y proveer los datos correctos.
Una de las evidencias del informe sobre las empresas españolas, realizado por Sustentia en el marco del estudio de la Alianza para la Transparencia Corporativa sobre los datos divulgados por 1.000 empresas europeas, es que cuanto más especificados están los requisitos en la regulación mejor es la información publicada. Juanjo Cordero, Socio de Sustentia, afirma que “es muy claro cómo la aplicación de la Ley 11/2018 en España hace que, en aquellos aspectos citados expresamente y ausentes en la Directiva europea, por ejemplo la biodiversidad, se encuentren significativamente más empresas españolas que publican alguna información respecto de la media de las empresas europeas”.
Las empresas luchan por cumplir las múltiples, y a veces confusas, expectativas externas a las que se enfrentan, y que ellas mismas quieren apoyar (objetivos de cambio climático, ODS, inversión sostenible), pero necesitan ayuda para traducirlas en términos prácticos. El marco europeo puede aportar claridad para aunar y ordenar estas diferentes expectativas, y proporcionar más seguridad a los empresarios para aplicarlas. Sin embargo, en caso de que no establezcan unas normas mínimas claras, puede que sólo refuerce la competencia entre las diversas iniciativas privadas de información, y las agencias de calificación, también privadas. La multiplicidad de estas normas -apodada sopa de letras en referencia a la amplia gama de normas, directrices y marcos existentes en la actualidad, que combinados superan los 5.000 indicadores clave de rendimiento- y las metodologías propias de los inversores en materia de ASG suponen una carga excesiva para las empresas, y oscurecen la información y datos que realmente proporcionan información útil a las empresas, los inversores y otras partes interesadas, para la toma de decisiones.
Sólo el año pasado, las cinco mayores iniciativas de información, las grandes consultoras conocidas como Big Four (documento del WEF), así como la Fundación IFRS y numerosas iniciativas más pequeñas reaccionaron a los planes de la UE proponiendo sus propias plataformas para impulsar el proceso de normalización o para proporcionar el contenido de las normas de la UE. El problema es que, según la Comisión Europea, ninguna norma voluntaria existente satisface las necesidades de la Directiva Europea de Información No Financiera (NFDR) de la UE. Y la simple combinación de estas normas no haría más que consolidar el statu quo, es decir, un sistema excesivamente complicado, que no aportaría mucha claridad y simplicidad.
Giulia Genuardi, responsable de planificación de la sostenibilidad en ENEL, describe la situación de la siguiente manera: «En la etapa actual, tenemos una sopa de letras, mientras que al mismo tiempo, tenemos una gran ambición: un enfoque estructurado del marco de presentación de informes de sostenibilidad corporativa, mejorando las normas existentes y el papel de la información cualitativa. Los informes corporativos deberían basarse en dos pilares en igualdad de condiciones: La información financiera y la información sobre sostenibilidad, y un facilitador: la interconexión digital entre los pilares».
Como ha expresado recientemente Carlos Tornero, periodista experto de Responsible Investor, «tendemos a pensar que este ámbito (la elaboración de normas) es técnico, pero en realidad es bastante político y hay muchos intereses en juego… Es el equivalente a la danza de la seducción en el reino animal».
Una clave para decidir cuál es la información relevante es llevar a cabo un análisis de materialidad que tenga en cuenta tanto los riesgos a los que se enfrentan tanto la propia empresa como las partes interesadas con las que se relaciona. Como indican distintos expertos en la materia, no se trata de aportar abundante información sobre todas las cuestiones de sostenibilidad, sino de aportar la información material o significativa según el modelo de negocio y los riesgos asociados a la misma. No obstante, ésta sigue siendo una de las asignaturas pendientes de las empresas españolas. Según indica la CNMV en su informe sobre la supervisión de los estados de información no financiera de 2019, deberían ampliarse las explicaciones sobre cómo se determina qué información es material y los criterios y la metodología empleados, indicando entre otros temas cuáles son las fuentes de información, cómo se tienen en cuenta las necesidades de información de las principales partes interesadas y en qué medida la evaluación de la materialidad es coherente con los planes operativos y estratégicos.
La diversidad en cuanto a las necesidades y expectativas de las distintas partes interesadas no sólo debería tenerse en cuenta para llevar a cabo el análisis de materialidad y diseñar los planes de acción, sino también para comunicar los resultados de los mismos. En el webinar, organizado por Sustentia y Frank Bold en el marco de ACT, sobre el Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en España y la Unión Europea 2020, María José Gálvez, Directora de Sostenibilidad de BANKIA, y Vicepresidenta de Spainsif manifestó que “la información que se publica, en base a la Directiva de NFR, actualmente en muchos casos no es suficiente para inversores, sociedad civil, verificadores, actores del mercado, supervisores para evaluar y comparar comportamiento, y tomar decisiones”, y que “no todos los grupos utilizan el mismo lenguaje, ni buscan la misma información”.
Sin embargo, no todos esos intereses tienen por qué ser contradictorios, como se desprende de las declaraciones públicas de los principales actores mundiales del panorama de la información, que demuestran que el papel europeo es indispensable y que el liderazgo de la UE es necesario:
«La UE está haciendo avanzar rápidamente la agenda de la información no financiera. Y existe un impulso dentro de las empresas […] Al mismo tiempo, las empresas, los organismos de normalización, los responsables políticos y la sociedad civil deben trabajar juntos para impulsar rápidamente la alineación mundial de las normas.» Robert E. Moritz, presidente mundial de PricewaterhouseCoopers Int. en PwC.
«Alinear el capital con las prácticas empresariales sostenibles es el núcleo del Pacto Verde de la UE. La Comisión Europea ha reconocido que la presentación de informes de sostenibilidad completos y fiables por parte de las empresas es la base de una economía sostenible. El proceso que tenemos por delante, que conducirá a la adopción oportuna de un sistema de divulgación de la UE muy mejorado, será intenso y requiere la colaboración con los organismos de normalización establecidos. El GRI espera cooperar con todas las partes interesadas para alcanzar una solución europea de alcance mundial», según se afirma en la contribución del GRI a la consulta pública de la UE.
10 puntos clave que se esperan de la propuesta de reforma de este mes de abril
Aprobada en 2014, la Directiva Europea de Información No Financiera (Directiva 2014/95/UE, conocida como NFRD por sus siglas en inglés) introdujo en España la obligación para las grandes empresas europeas de divulgar información sobre sus riesgos e impactos en materia de sostenibilidad a través de la Ley 11/2018 sobre de información no financiera y diversidad.
Pasados siete años desde la aprobación de la directiva, se espera que aparezca una primera versión del texto de la reforma. Los cambios clave que se esperan en la propuesta de la Comisión Europea se refieren a la cuestión del ámbito de aplicación y las normas de información obligatoria. La actual Directiva Europea de Información No Financiera en vigor se aplica a las grandes empresas que cotizan en bolsa, los bancos y las aseguradoras con más de 500 empleados, un grupo que, según diversas estimaciones, incluye entre 5.000 y 10.000 empresas europeas. La Comisión Europea ha insinuado que es necesario incorporar a más empresas, ampliando su alcance a empresas no cotizadas, y repensando el umbral de aplicación más allá de las grandes empresas.
Las crecientes peticiones para resolver el problema de la pertinencia y comparabilidad de los datos han llevado a la UE a proponer la creación de normas europeas obligatorias de información sobre sostenibilidad. El grupo de trabajo del proyecto sobre normas de información no financiera, creado por el Grupo Consultivo Europeo sobre Información Financiera (EFRAG) a petición de la Comisión, está estudiando esta posibilidad y publicó sus recomendaciones finales en marzo. EFRAG propone un proceso de expertos de múltiples partes interesadas que desarrollen proyectos de normas que serán adoptadas como ley por la Comisión Europea. Las normas se desarrollarán de forma continua, y el conjunto básico de normas estará listo para su aplicación junto con la adopción de la reforma de la NFRD a finales de 2021.
Los 10 temas más importantes que probablemente se abordarán son los siguientes. Dos de ellos se refieren al ámbito de aplicación, cuatro cuestiones están relacionadas con el primer conjunto de normas de información obligatoria y el resto se refieren a temas específicos que se describen a continuación.
Ampliación del ámbito de aplicación:
1. Es muy probable que el ámbito de aplicación de la NFRD se amplíe para incluir a todas las grandes empresas (tanto las que cotizan en bolsa como las privadas); siguiendo el ejemplo de Dinamarca, Grecia, España y Suecia, que ya han adoptado esa ampliación (en España, la Ley 11/2018 afecta a todas las empresas con más de 500 empleados y un mínimo en cuanto a facturación o volumen total de activos). Este cambio aumentaría el número de empresas obligadas a informar a más de 41.000 empresas de la UE-27 que emplean a 250 personas o más (a título ilustrativo, el 0,2% de todas las empresas de la UE). En España, se espera que el número de empresas afectadas sea 3.500 aproximadamente según datos de Eurostat.
2. Además, hay un debate en curso sobre las pequeñas o medianas empresas que tienen un alto impacto o riesgos elevados, como los productores de energía o los importadores de productos básicos de alto riesgo, para que se incluyan en el ámbito de las nuevas obligaciones con requisitos de información proporcionales a su tamaño e impacto, y evitar así un enfoque de «talla única». El Parlamento Europeo incluyó una petición a la Comisión de la UE para que considerara esta cuestión, y grupos de inversores como EFAMA e IIGCC, junto con organismos contables y ONG, publicaron en verano que «el hecho de que las empresas tengan un impacto significativo en el medio ambiente y la sociedad no depende de su tamaño o estatus legal, ni las inversiones se limitan a los activos que cotizan en bolsa» (véase la declaración conjunta aquí). Con una proporción estimada de entre el 20 y el 30% de las empresas en sectores de alto riesgo, esto significa que entre 41.000 y 62.000 empresas medianas adicionales en la UE-27 entran en el ámbito de aplicación. (0,2%-0,3% de todas las empresas de la UE). En España, esto significaría incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva a unas 3.000-5.000 empresas adicionales.
Normas obligatorias de información:
3. Criterios cualitativos para la divulgación de información prospectiva sobre la identificación de los riesgos y la fijación de los objetivos.
4. Definición de la información necesaria para entender los planes de transición climática de las empresas, incluyendo el calendario, los objetivos intermedios y los horizontes temporales, y la alineación con los objetivos públicos y los objetivos basados en la ciencia.
5. Requisitos de divulgación relativos a los derechos humanos y a la debida diligencia en materia de medio ambiente en relación con la gestión de los riesgos e impactos en las cadenas de suministro. La Directiva Marco de la UE ya exige este tipo de divulgación, pero sólo 1 de cada 5 empresas lo hace, según las conclusiones independientes de la Alianza para la Transparencia Corporativa (ACT), el Índice de Derechos Humanos Corporativos de la Alianza Mundial de Evaluación Comparativa y el gobierno alemán. Los requisitos de diligencia debida podrían apoyarse en requisitos adicionales para los sectores de alto riesgo en relación con la transparencia de la cadena de suministro y las condiciones en ella.
6. Indicadores clave de rendimiento (KPI) obligatorios en el ámbito del cambio climático (como las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3), el uso de los recursos naturales y los impactos de la biodiversidad y la contaminación, y las estadísticas de la mano de obra (composición, salarios, derechos colectivos). Se espera que la lista de KPIs sea sensible al sector.
Otros temas específicos que probablemente se incluyan en la reforma:
7. Integración de los informes de sostenibilidad en los informes anuales.
8. Gobernanza e integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial.
9. Aclaración del principio de doble materialidad (que se refiere tanto a los impactos financieros derivados de los temas de sostenibilidad como a los impactos corporativos sobre las personas y el planeta).
10. La especificación de la garantía obligatoria.
En la posición conjunta pueden encontrarse más detalles y las prioridades clave para la reforma de las principales ONG reunidas en la Alianza para la Transparencia Empresarial.
Las normas en estos ámbitos serán necesarias para apoyar la iniciativa legislativa de la Comisión Europea sobre gobierno corporativo sostenible, que se desarrolla en paralelo a la reforma de la NFRD, y que proporcionará un marco legal para la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente (es decir, la obligación de identificar, prevenir y mitigar los riesgos de impactos graves sobre el medio ambiente y los derechos humanos en la cadena de valor de una empresa), y la integración de la sostenibilidad en las prácticas de gobierno corporativo.
No pierda el tren
La aclaración de las obligaciones de los informes de sostenibilidad de las empresas puede abordar los principales retos a los que se enfrentan tanto las empresas como los inversores. Puede superar el confuso panorama actual de la presentación de informes, centrar la atención en los datos que realmente importan y garantizar un acceso más fácil a la financiación para aquellas empresas que están liderando el camino. En palabras del Comisario McGuiness, la reforma del NFRD de la UE pretende ser una intervención específica para garantizar que «canalicemos las inversiones hacia empresas que puedan cumplir nuestros objetivos verdes y sostenibles».
De hecho, la inversión privada y pública está cada vez más vinculada a unas normas de transparencia y sostenibilidad más estrictas, lo que sitúa en una posición de ventaja a las empresas que mejor informan sobre la gestión de sus riesgos e impactos financieros y de sostenibilidad. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, publicó recientemente los resultados de una encuesta realizada a 425 inversores de 27 países con casi 25 billones de dólares en activos gestionados, que muestra que los inversores «tienen previsto duplicar sus asignaciones a productos sostenibles en los próximos cinco años, y el 20% afirmó que la pandemia aceleraría sus asignaciones a la inversión sostenible».
Como se indica en un artículo de marzo de Social Investor, los índices sostenibles (con criterios ESG) de la bolsa española generalmente resisten la corrección mejor que el IBEX, demostrando que la ESG quita volatilidad a las inversiones.
«La primera Directiva sobre información no financiera demostró que era posible que las empresas emprendieran la elaboración de informes no financieros sin un coste o una carga excesivos. Sin embargo, se reconoce que sigue estando demasiado centrada en el cumplimiento de la normativa mediante la elaboración de un informe, en lugar de generar información que sea útil para las partes interesadas, tanto internas como externas, en la gestión de los riesgos e impactos de la sostenibilidad de una empresa. La revisión de las normas NFRD y ESG se centrará en ayudar a las empresas y a sus inversores a gestionar mejor el riesgo y a aprovechar las nuevas oportunidades de negocio, a medida que la economía realiza una rápida transición para hacer frente a los retos del crecimiento con bajas emisiones de carbono, la recuperación de la crisis de COVID-19 y de la cuarta revolución industrial», afirma Filip Gregor, Jefe de la sección de empresas responsables de Frank Bold.
«En este sentido, desarrollar un estándar europeo común mandatorio en divulgación de información no financiera y de sostenibilidad evitaría algunas de las dificultades que tienen muchas empresas en saber cuáles son los requisitos legales. Por otra parte también contestaría a la necesidad de un mejorar la eficacia del aseguramiento de dicha información por parte de terceros independientes, así como de supervisión de las instituciones públicas. Personalmente creo que el proceso de revisión de la directiva de la Unión Europea es una buena oportunidad para abordar todas estas mejoras necesarias, que un estudio como el que desde Alianza para la Transparencia Corporativa hemos evidenciado» concluyó Carlos Cordero, Socio-Director de Sustentia, en la presentación en España del informe Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en España y la Unión Europea 2020.