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Sobre qué informar en gobierno corporativo (la G de ASG)

 

Este artículo es una revisión y adaptación realizada por Sustentia del original escrito por Frank Bold, en el marco de trabajo de la Alianza para la Transparencia Corporativa (ACT), para su publicación en España. Es el segundo de una serie de artículos mensuales que se publicarán con el objetivo de difundir la importancia de la presentación de informes de sostenibilidad, y de los cambios normativos en marcha en la Unión Europea al respecto para 2021. El primero de ellos esbozaba las próximas novedades políticas para este año, incluidos los 10 cambios clave que se esperan en la propuesta de reforma de la Directiva sobre información no financiera de la UE. En nuestra siguiente publicación se abordará la conexión entre la Directiva de información no financiera, la Taxonomía y el Reglamento de divulgación de las finanzas sostenibles. Las opiniones incluidas son de los autores en este artículo, y no tienen por qué representar necesariamente la opinión de otros miembros de la Alianza para Transparencia Corporativa (ACT).

Resumen del contenido:

 

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En 2021, la Comisión Europea presentará dos propuestas legislativas entrelazadas que pretenden fomentar la integración de la sostenibilidad en las estrategias empresariales. La primera, la reforma de la Directiva sobre información no financiera de la UE (NFRD), tiene como objetivo garantizar la transparencia de los resultados de las empresas en materia de sostenibilidad para mejorar la rendición de cuentas de las empresas y permitir una financiación sostenible (véase nuestro artículo anterior aquí). La segunda, la iniciativa de gobierno corporativo sostenible, aclarará las obligaciones de las empresas para identificar, prevenir y mitigar los impactos graves sobre los derechos humanos y el medio ambiente, así como sobre qué implica la responsabilidad de supervisión del Consejo sobre la gestión de los riesgos, la estrategia y los objetivos de sostenibilidad.

Esta combinación de incentivos de transparencia y gobernanza, junto con el empuje de los inversores responsables, reforzará la presión del mercado para que las empresas eleven la consideración de la sostenibilidad entre las prioridades de la dirección y el Consejo de Administración, al tiempo que concederá a las empresas una flexibilidad considerable en la forma de hacerlo.

El Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, explicó la segunda iniciativa que se pone en marcha este año, durante un reciente acto organizado por Frank Bold y la CDSB (Climate Disclosure Standards Board), afirmando que «la degradación del medio ambiente y el cambio climático están creando riesgos para las empresas y sus cadenas de suministro. La transición crea grandes oportunidades y las empresas que se adelanten en el juego serán las más beneficiadas. Queremos garantizar que la toma de decisiones de las empresas cambie a una mentalidad de sostenibilidad en todos los niveles.»

El acceso a los datos adecuados es la clave para que las empresas y sus Consejos de Administración tengan en cuenta los riesgos y las oportunidades materiales en sostenibilidad en su toma de decisiones estratégicas, incluidas las relacionadas con la transformación de la economía europea hacia un modelo bajo en carbono.

De acuerdo con el Informe de la CNMV sobre la supervisión de los informes financieros anuales del ejercicio 2019, “el Informe del estado de información no financiera de las empresas ha pasado a ser un documento relevante dentro de la información anual de las sociedades cotizadas. Además, al formar parte del informe de gestión, incluido en el informe anual que deben elaborar y publicar los emisores de valores en mercados regulados, queda bajo la competencia supervisora de la CNMV”.

En la actualidad, una gran mayoría de empresas no da muestras de tener en cuenta esos datos, como demuestra el estado de la información sobre sostenibilidad desde una perspectiva empresarial estratégica. Por ejemplo, el análisis de los informes no financieros (de sostenibilidad) de 1.000 grandes empresas de la UE realizado por la Alianza para la Transparencia Empresarial reveló que, por término medio, sólo el 22% de las empresas españolas explica qué cuestiones de sostenibilidad son abordadas por el Consejo de Administración. De forma similar, las empresas españolas que describen cómo analizan su desempeño en materia de sostenibilidad o cómo afecta este desempeño a la remuneración de los directivos suponen entre un 15% y un 16%. Se trata de resultados que se repiten en la investigación más reciente realizada por la Alianza para la Transparencia Corporativa (ACT) sobre 300 empresas europeas, que hace ver la necesidad de seguir impulsando el cambio (sólo un 12% de las empresas españolas informaban sobre la remuneración basada en criterios ASG y un 14% describía los asuntos de sostenibilidad abordados por el Consejo de Administración y un 7% daba información sobre la participación de los representantes de los trabajadores en la definición de la estrategia de sostenibilidad).

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La importancia del gobierno corporativo en la sostenibilidad: el motivo de las propuestas de la Comisión Europea

Las asociaciones de directivos, las organizaciones empresariales y los inversores reconocen cada vez más la urgencia de la crisis climática y la necesidad de integrar plenamente la sostenibilidad y el respeto de los derechos humanos en los modelos de negocio y la gestión de riesgos de las empresas. La crisis de la sostenibilidad y el reto de garantizar la recuperación de la crisis del COVID-19 son de una escala y una urgencia sin precedentes, como destacó el Comisario Reynders, quien también subrayó que «las empresas que se adelanten en el juego serán las más beneficiadas». Según una estimación de la Comisión Europea, será necesario redirigir al menos medio billón de euros de inversiones adicionales al año de las actividades habituales (business-as-usual) a las sostenibles. Los riesgos y las oportunidades relacionados con el reajuste de las finanzas y los mercados son, por tanto, igualmente inéditos. La transición rápida de los mercados a criterios de sostenibilidad en la inversión requiere información de calidad y útil entre los actores para evitar efectos no buscados, y alcanzar los objetivos definidos.

La necesidad de una gobernanza y una supervisión efectivas por parte del máximo órgano de gobierno de la empresa, así como de una integración de la sostenibilidad en estas cuestiones, es proporcional a la magnitud de los retos a los que se enfrentan las empresas. Esto es especialmente relevante cuando los riesgos e impactos están relacionados con el modelo de negocio de la empresa, ya que esto requerirá a su vez cambios importantes en la estrategia y la planificación financiera.

La Red Internacional de Gobernanza Corporativa (ICGN por sus siglas en inglés) está actualizando sus Principios de Gobernanza Global y, como destacó George Dallas (su Director de Políticas) en un evento celebrado en febrero 2021, habrá un «gran énfasis en los temas de los consejos de administración para desarrollar la comprensión no sólo de cómo les afectan los factores ESG, sino de cómo su empresa impacta en la sociedad en un contexto más amplio (…) esto, a su vez, conduce a la necesidad de una buena información y métrica para guiar tanto a los ejecutivos, como a los directores de los consejos de administración, así como para dar pistas a los inversores en términos de dónde pueden estar las oportunidades y los riesgos«.

Como afirma Juanjo Cordero, socio de Sustentia y coordinador del estudio de ACT sobre 1.000 empresas, en la presentación en España del Informe de la Alianza para la Transparencia Corporativa sobre los datos divulgados por 1.000 empresas europeas, “los informes se centran en presentar políticas y compromisos generales (80-90% para cuestiones clave como el clima, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción), pero no metas concretas, resultados de políticas con respecto a estos objetivos e información específica sobre riesgos e impactos (20% en promedio)”. Esto evidencia que en la actualidad la información que llega tanto a directores, consejos de administración e inversores necesita mejorar en calidad para ser útil en decisiones estratégicas en sostenibilidad.

Otro de los aspectos que se consideran relevantes para orientar la estrategia de las empresas desde el gobierno corporativo es asociar la remuneración de las personas del Consejo y la Alta Dirección a objetivos de sostenibilidad de la empresa. En este sentido el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) establece que “la remuneración variable de los consejeros ejecutivos se debe establecer sobre la base de criterios que guarden relación con su rendimiento y con factores financieros y no financieros, que sean medibles y que promuevan la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa en el largo plazo”.

No obstante según el Estudio del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del IBEX35 en el ejercicio 2019, enfocado al análisis del Gobierno Corporativo, no es evidente esta relación entre objetivos de sostenibilidad y remuneración del Consejo. El estudio del OBRSC afirma que según su análisis de las empresas del IBEX35 “la mayoría de las empresas analizadas no contemplan aspectos no financieros en sus sistemas de retribución variable, por lo que el estímulo a la consecución de objetivos no financieros (sociales y ambientales) puede verse afectado”.

Como muestra la investigación de la Alianza para la Transparencia Corporativa sobre los informes de sostenibilidad de las empresas, el problema es que la información sobre sostenibilidad suele ser invisible para los responsables de la toma de decisiones de las empresas, lo que hace imposible que éstas tomen decisiones plenamente estratégicas.

Además, desde el punto de vista de los inversores y financiadores, la información sobre sostenibilidad tiene poco valor si no está claro cómo la utiliza la empresa y cómo se refleja en la estrategia. Larry Fink, fundador y consejero delegado de BlackRock (la mayor gestora de activos del mundo), en su conocida carta anual a los consejeros delegados, pide directamente a las empresas de su cartera que «publiquen un plan sobre cómo su modelo de negocio será compatible con una economía cero emisiones neta, de CO2. Les pedimos que informen cómo este plan se incorpora a su estrategia a largo plazo, y cómo es revisado por su consejo de administración«.

En una línea similar, Rients Abma, director ejecutivo de Eumedion, una organización que representa los intereses de los inversores institucionales con inversiones en empresas holandesas que cotizan en bolsa, también subraya que «los riesgos y las oportunidades de la sostenibilidad afectarán a la capacidad de la empresa para crear valor a largo plazo, así como para promover el éxito sostenible de la empresa a largo plazo. Por lo tanto, una supervisión adecuada y bien informada del Consejo sobre estos temas, así como la presentación de informes significativos sobre la ejecución de ese deber son extremadamente importantes para los inversores institucionales».

En el contexto español, según el 6º Observatorio de Inversión ESG, tanto los grandes inversores como los asesores de voto para accionistas, conocidos como “proxy advisors”, en el futuro tendrán más en cuenta el reporte de la información no financiera, hasta ahora no analizada en profundidad por el mercado.

En los últimos años ha comenzado a verse que los avances legislativos, en particular la trasposición de la Directiva de la UE de Información No Financiera (Ley 11/2018), unidos al interés de los inversores, han llevado a una mayor participación de las juntas de accionistas y los Consejos de Administración en cuestiones de sostenibilidad. Según informa el 6º Observatorio de Inversión ESG, durante la junta general de accionistas de 2019 de AENA, se aprobó una resolución por la que la empresa se encargará de redactar un Plan de Acción Climática para su aprobación en la junta del año siguiente. Por su parte, distintas empresas como Ferrovial han comenzado a incluir la aprobación del estado de información no financiera en el orden del día de la junta general de accionistas (de acuerdo con la investigación realizada por la Alianza por la Transparencia Corporativa, en 2019 sólo un 9% de las empresas españolas analizadas informaban de la aprobación por parte de la junta de accionistas del estado de información no financiero).

Gráfico: Marco conceptual sobre la publicación de información, estrategia y gobierno corporativo en las finanzas sostenibles.

 


Información adicional:

Frank Bold & CDSB organizaron recientemente un seminario web sobre cómo la iniciativa de gobierno corporativo sostenible de la UE y la reforma de la Directiva sobre información no financiera de la UE pueden centrarse en ayudar a las empresas y a los mercados financieros a desarrollar y conectar las estrategias de sostenibilidad, la fijación de objetivos, los planes de transición y las obligaciones de información.

  • Grabación completa del seminario web «Gobierno corporativo sostenible e información no financiera: encontrar un camino hacia la coherencia política» y resumen (en inglés) de los puntos clave aquí.
  • Recomendaciones sobre políticas de Gobierno Corporativo Sostenible de Frank Bold (en inglés).

 


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La necesidad de un enfoque estratégico en cambio climático y derechos humanos

Con respecto a los riesgos del cambio climático, es primordial que los productores de energía, los fabricantes con alta intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero y los bancos e inversores tracen urgentemente sus planes de transición a largo plazo para sobrevivir -e idealmente prosperar- frente a los grandes cambios del mercado que se avecinan. Un estudio reciente de CDP mostraba que las empresas europeas habían identificado 1,22 billones de euros en nuevas oportunidades de negocio con bajas emisiones de carbono, por ejemplo a través de una mayor demanda de vehículos eléctricos e infraestructuras verdes. El valor de estas oportunidades es más de seis veces el coste de la inversión, de unos 192.000 millones de euros. Sin embargo, la Alianza para la Transparencia Corporativa (ACT) descubrió en su investigación de 2020 sobre 300 empresas europeas que menos del 17% explica las oportunidades de negocio relacionadas con los retos de la sostenibilidad.

Un paso fundamental para que las empresas prevengan o mitiguen los riesgos e impactos relacionados con la sostenibilidad es la adopción de objetivos y mecanismos de supervisar los avances y resultados.

Alberto Carillo Pineda, cofundador de la Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (Science-based Targets Initiative), confirmó que un número creciente de empresas está pidiendo a sus proveedores que establezcan metas basadas en ciencia (SBT por sus siglas en inglés), y señaló cómo esto sería un componente clave para acelerar su adopción e institucionalizar la práctica. Además, subrayó que otros actores e iniciativas están empujando hacia el mismo objetivo «Todos estos son ingredientes necesarios para crear un entorno propicio, hacer que sea una práctica común el uso de las SBT, así como la adopción de metas y estrategias de sostenibilidad que estén en línea con los límites planetarios, y nuestros objetivos«. La investigación de la Alianza señaló positivamente que, en los últimos dos años, ha habido un aumento del 20% en las empresas que informan sobre metas basadas en la ciencia. En el estudio se puede observar que la mejora de la información se concentra principalmente en España, con un 41% de empresas que divulgan este tipo de información, lo que pondría en evidencia que el requisito explícito de informar incluido en la transposición española de la Directiva NFR mejora en la práctica la divulgación las metas climáticas de las empresas.

También es necesario un enfoque estratégico de la gobernanza de la sostenibilidad en los casos en que las empresas están relacionadas con graves impactos en los derechos humanos y el medio ambiente a través de sus cadenas de valor. Los mecanismos del mercado y la ley exigirán cada vez más a las empresas que asuman su responsabilidad en este ámbito. Para alcanzar los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), es necesario mitigar los graves impactos de las empresas sobre la sociedad y el planeta, en lugar de perpetuar el actual modelo de externalización y disolución de responsabilidades a través de las cadenas de suministro globales. Estos problemas sistémicos incluyen: la deforestación a gran escala y el acaparamiento de tierras vinculados a productos agrícolas como la soja, la carne de vacuno y el aceite de palma; la explotación de la mano de obra en las cadenas de suministro de la confección y el calzado; o el abuso de las tecnologías por parte de los clientes de las empresas de TIC, entre otros riesgos en derechos humanos.

Théo Jaekel, experto en Responsabilidad Corporativa de Ericsson, es muy claro en su apoyo a los planes de la UE de introducir requisitos obligatorios de diligencia debida: «Tenemos que ir más allá de la divulgación y pasar a la gestión de los riesgos. Es importante ver este tipo de legislación como una oportunidad, y no como una carga, porque puede aclarar cómo es la responsabilidad de las empresas en toda la cadena de valor en comparación con las incertidumbres actuales sobre el alcance de la responsabilidad y lo que realmente podemos esperar de las empresas. Si se hace correctamente, aliviará estas preocupaciones«. En lo que respecta a la supervisión y gestión de las cuestiones de sostenibilidad por parte de los consejos de administración, Jaekel considera que se trata de una parte crucial de la integración de los requisitos de diligencia debida, y no de una cuestión que deba resolverse modificando las obligaciones de los directores. «Los objetivos que fijamos a nivel de grupo, incluidos los objetivos medioambientales y de derechos humanos, son aprobados por la dirección y el consejo de administración, y sus resultados se comunican periódicamente al consejo«.

John Ruggie, autor de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, ha explicado recientemente la relación con la diligencia debida en materia de derechos humanos de la siguiente manera: «Al hacer obligatoria la debida diligencia en derechos humanos, con sanciones por incumplimiento, como pretende la Comisión Europea, se convierte en una responsabilidad legal no sólo para la dirección, sino también para la supervisión del Consejo de Administración». En este contexto, los inversores, así como los principales marcos de reporting, esperan cada vez más transparencia sobre la supervisión por parte del Consejo de Administración de los procesos de debida diligencia debida y de determinación de la materialidad, y sobre cómo los resultados de estos procesos se reflejan en la estrategia de la empresa en su conjunto.

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Cómo pueden informar mejor las empresas sobre la «G» de ASG

La información sobre los asuntos relacionados con el gobierno corporativo en materia de sostenibilidad se aborda en los principales estándares de reporting, como la GRI, la SASB y la CDSB, así como en las referencias elaboradas por la World Benchmarking Alliance. Las Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés), la norma para la presentación de informes sobre el clima respaldada por la comunidad internacional de inversores, así como por la Comisión Europea, incluye la gobernanza a nivel del Consejo de Administración de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima como una de las cuatro áreas principales de divulgación. Del mismo modo, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos exigen la participación del nivel más alto del gobierno de una empresa en el debate de sus principales retos, políticas y objetivos en materia de derechos humanos, así como en el seguimiento de los progresos realizados.

La Directiva de la UE sobre información no financiera exige a las empresas que divulguen información estratégica, pero no ofrece una orientación clara sobre cómo determinar qué información es importante, y cómo seleccionar los datos y las métricas pertinentes de las iniciativas y normas existentes. En la actualidad las iniciativas sobre informes de sostenibilidad en su conjunto incluyen más de 5.000 indicadores clave de resultado muy divergentes. Esto, combinado con los cuestionarios propios de las agencias de calificación, los inversores y los compradores de la cadena de suministro, hace que sea muy difícil para las empresas abordar la presentación de informes y la sostenibilidad desde una perspectiva estratégica.

Como reacción a estos problemas, la reforma de la Directiva sobre información no financiera de la UE (véase nuestro artículo anterior aquí) tendrá como objetivo ayudar a las empresas aclarando la información que debe presentarse sobre la gobernanza y la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial. El Grupo de Trabajo del Proyecto Europeo sobre Normas de Información No Financiera, dependiente del EFRAG, ha recomendado en su asesoramiento final a la Comisión Europea que los futuros estándares de información de la UE deberían incluir un estándar sobre «Estrategia», estructurado en tres componentes: a) Estrategia general de la empresa; b) Riesgos, amenazas y oportunidades materiales en sostenibilidad; y c) Gobierno y organización de la sostenibilidad. Este estándar general debería estar respaldado por estándares temáticos, (por ejemplo sobre información relacionada con el clima), que aborden la implementación (políticas y acciones) y la medición del desempeño (logros y progresos medidos por los indicadores clave de resultado – KPI).

Gráfico: Áreas de reporting propuestas por el Grupo de Trabajo en Estándares de la UE (fuente EFRAG).

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Tres elementos esenciales para la divulgación de información sobre cuestiones de gobierno corporativo

En las tres áreas de información relacionada con la estrategia y el gobierno corporativo, hay varias categorías de información fundamentales para el éxito de la estrategia de sostenibilidad de una empresa y de la elaboración de informes. Estas ya son esperadas por las principales normas de información de sostenibilidad, y los grandes inversores, pero serán cada vez más relevantes, a la hora de informar, para las empresas, en especial las de la parte superior de las cadenas de valor:

1. Estrategia empresarial y supervisión del consejo de administración

La ley otorga a los miembros del Consejo de Administración un amplio margen de maniobra al considerar la sostenibilidad a la hora de tomar decisiones en nombre de la empresa. En este sentido, la siguiente información es fundamental para entender cómo una empresa integra la sostenibilidad a nivel estratégico, así como para que los consejos de administración tengan acceso a los datos relevantes y pertinentes:

  • Estrategia aprobada por el Consejo de Administración para abordar las cuestiones de sostenibilidad más destacadas, especificando: a) Objetivos medibles (metas) de alto nivel para la prevención, o mitigación, de los riesgos e impactos de cada cuestión destacada identificada por la empresa. b) Recursos financieros aprobados para la aplicación de la estrategia.
  • Revisiones desde la sostenibilidad del modelo de negocio, la estrategia, y la planificación financiera de la empresa.
  • Informe de progreso sobre el cumplimiento de los objetivos, metas y retos en sostenibilidad, firmado por el Consejo.

Hay dos requisitos recogidos en la Ley 11/2018, trasposición de la Directiva de la UE de Información No Financiera que dotan al Estado de información no financiera de una importancia y formalidad con las que hasta ahora no contaban la mayoría de los informes de sostenibilidad o RSC que se venían publicando. Por un lado, la información no financiera, al igual que las cuentas anuales, debe ser firmado por todos los administradores de la sociedad, quienes responderán de su veracidad. Y además deberá ser presentada como punto separado del orden del día para la aprobación en Junta General de Accionistas.

Según el informe de la CNMV del 2019 en su ejercicio de supervisión, “… algunos emisores (en torno al 45 % de las sociedades sometidas a revisión sustantiva), además de publicar el EINF exigido por la ley, publican memorias de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad separadas, normalmente con posterioridad. No en todas las ocasiones dichos documentos se someten a la formulación del Consejo de Administración, al voto de la junta general de accionistas ni a la revisión por parte de un tercero independiente”. Informe sobre la supervisión por la CNMV de los informes financieros anuales y principales áreas de revisión del ejercicio 2019

2. Determinación de la doble materialidad y debida diligencia

La integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial se basa en una buena comprensión de qué cuestiones de sostenibilidad son materiales, y por tanto significativas. La Directiva de Información no financiera de la UE se basa en la perspectiva de la «doble materialidad», que ofrece orientaciones a las empresas sobre cómo identificar las cuestiones que:

  1. ya tienen o pueden tener en el futuro riesgos e impactos financieros para la empresa; o
  2. representen las áreas en las que la empresa causa, contribuye o está directamente vinculada, por las relaciones comerciales, a impactos graves sobre las personas o el medio ambiente a lo largo de su cadena de valor (la determinación de estas cuestiones es el primer paso del proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, sobre la que ya existen sólidas orientaciones, y que se tratará en detalle en uno de nuestros próximos artículos)

A este respecto, la información clave es la siguiente

  • Una descripción del proceso, y los principios aplicados por la empresa, para determinar sus cuestiones materiales, incluida la información sobre cómo se consultó a las partes interesadas afectadas (de acuerdo con la debida diligencia en materia de derechos humanos, las empresas deben comprometerse específicamente con las personas que corren el riesgo de sufrir daño debido a la forma en que una empresa realiza sus actividades, en lugar de hacerlo con categorías generales de partes interesadas como clientes, comunidades, etc. La necesidad y prioridad en incorporar a las personas en estas consultas, así como los compromisos posteriores, se debe entender como proporcional al riesgo y la gravedad del daño/impacto causado).
  • Una descripción de los temas de sostenibilidad determinados por este proceso junto con una explicación de por qué los temas se consideran materiales, tanto desde el punto de vista financiero, como de impacto.
  • Detalles de la exposición de la empresa a riesgos, o de la implicación en impactos, en cuestiones de derechos humanos y medioambientales.

El supervisor de las empresas cotizadas, la CNMV, considera prioridad en su Revisión del Estado de Información No Financiera 2020 el análisis de materialidad de la información no financiera y su adecuado desglose, haciendo nuevamente hincapié en la doble materialidad y en la influencia de los stakeholders en su evaluación y determinación. En este sentido según indica la CNMV en su informe sobre la supervisión de los estados de información no financiera de 2019 entre otras áreas de mejora que “se deberían ampliarse las explicaciones sobre cómo se determina qué información es material y los criterios y la metodología empleados, indicando entre otros temas:

  • Si se consideran factores internos y externos y cuáles son sus fuentes de información.
  • Cómo se tienen en cuenta en sus análisis las necesidades de información de los stakeholders identificados como significativos, explicitando cuáles son y describiendo cómo contribuyen a la cadena de valor y se posicionan en ella, y las principales herramientas de diálogo utilizadas.
  • Cómo se ha plasmado y es coherente la evaluación de la materialidad con los planes operativos y estratégicos.
  • El horizonte temporal contemplado. Según la Comisión Europea debe ser el largo plazo.
  • La severidad y probabilidad de impacto de cada aspecto financiero y no financiero, y sus efectos cruzados, en el sentido de cómo se considera que la materialidad social y medioambiental acaban teniendo un impacto sobre la situación financiera y los resultados de la entidad.
  • Cómo afectan al análisis las cuestiones sectoriales.
  • Los análisis de materialidad deben actualizarse periódicamente y, en caso contrario, explicar los motivos por los que no es necesaria dicha actualización.
  • Los emisores deberían indicar explícitamente si se tiene en cuenta la doble perspectiva de la materialidad en su análisis para todas las cuestiones no financieras, incluyendo explicaciones al respecto.”

En la actualidad, según los estudios desarrollados por la Alianza por la Transparencia Corporativa (ACT), la mayoría de las empresas analizadas informan sobre cuestiones que no son relevantes, ni desde la perspectiva financiera, ni desde la de impacto, y no proporcionan información sobre el proceso de determinación de la materialidad. Normalmente, las empresas llenan sus informes con información sobre filantropía, voluntariado y otras actividades de RSE que son adicionales, en lugar de estar vinculadas a su negocio. Los informes de las empresas a menudo sugieren que los temas cubiertos se seleccionan porque la empresa los percibe como esperados por sus partes interesadas, o porque han realizado una consulta a partes interesadas genéricas, pero no explican si esos temas son materiales, ni por qué.

“Escasas veces en los reportes de las empresas se informa de la materialidad relacionándola con en riesgos o impactos específicos asociados al modelo negocio, o a consultas con titulares de derechos en riesgo o afectados por el mismo. Tampoco es frecuente que las empresas informen sobre su materialidad o sobre cómo afectan al modelo de negocio los riesgos y retos globales como los efectos producidos calentamiento global, la vulneración de derechos humanos o el aumento de la desigualdad” afirma Carlos Cordero Socio-Director de Sustentia.

La doble perspectiva de materialidad de la Directiva de Información No Financiera en el contexto de la información relacionada con el clima.

Fuente: UE.

3. Gobierno y organización de la sostenibilidad

Para garantizar y demostrar a los inversores que la sostenibilidad está integrada, las principales normas internacionales, como la TCFD, destacan tres elementos prioritarios:

  • Una descripción de cómo la determinación de las cuestiones de sostenibilidad basada en un enfoque de doble materialidad se integra en el sistema más amplio de gestión de riesgos de la empresa. Las empresas deben demostrar que estos sistemas no sólo reflejan los riesgos de sostenibilidad para la propia empresa, sino también los riesgos que plantea a las partes interesadas afectadas.
  • Una explicación de cómo las metas de sostenibilidad y los KPI de la empresa se integran en los incentivos de desempeño de la dirección de la empresa.
  • Una evaluación de los conocimientos técnicos de que dispone el Consejo para supervisar la aplicación y revisar el contenido de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Dicha experiencia debe ser proporcional a la complejidad de los retos a los que se enfrenta la empresa, y puede ser garantizada por miembros del Consejo con experiencia en la materia o a través de un comité asesor compuesto por expertos y directivos independientes.

El grado en que las cuestiones de sostenibilidad están integradas en las herramientas de gobierno de una empresa se ven en su capacidad para influir en las decisiones de negocio. En la medida en que los líderes de las empresas asuman las cuestiones sociales y ambientales como ejes prioritarios de su mandato, se producirá una transformación real que contribuya a generar un desarrollo económico sostenible e inclusivo.