El 18 de mayo se celebró el evento de lanzamiento de los primeros Planes de Acción Departamentales en Empresas y Derechos Humanos y Conducta Empresarial Responsable en Colombia, desarrollados por las Gobernaciones de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Los participantes dieron mensajes muy relevantes para el proceso de implementación de estándares internacionales desde el ámbito subnacional. Con esta nota queremos dar difusión al vídeo, y aportar una síntesis de las intervenciones.

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Estos resultados se dieron en el marco del proyecto Impulso de la responsabilidad empresarial en Colombia a través de la política pública departamental, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID). El proyecto se desarrolló por un consorcio de socios Colombia-España: desde Colombia la Federación Nacional de Departamentos y la consultora Derechos & Empresa; desde España la consultora Sustentia Innovación Social, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y la consultora Populate Tools.

Desde la aprobación de los Principios Rectores de ONU sobre empresas y derechos humanos, en 2011, el esfuerzo de implementación de medidas por parte de los estados se ha puesto en lo nacional, con instrumentos como los Planes Nacionales de Acción.

De la lectura transversal de las intervenciones de los panelistas, Sustentia ha extraído algunas ideas transversales que refuerzan la importancia del trabajo realizado, y dan claves sobre cómo darle continuidad y/o escalarlo:

Generales

• Relevancia de abordar políticas de Derechos Humanos y Empresas (DHE) y Conducta Empresarial Responsable (CER), dada la relación inseparable entre empresa y desarrollo, y desarrollo y Derechos Humanos.
• Importancia del compromiso desde la función pública por cumplir con normas y estándares internacionales, y en este sentido los compromisos adquiridos por Colombia [los Estados], y en relación a retos como la desigualdad y la construcción de paz.
• Carácter pionero del trabajo hecho por las tres gobernaciones (Antioquia, Cundinamarca y Valle) en este ámbito de DHE y CER, entendiéndolo como base para impulsar el crecimiento económico sostenible.
• El nuevo contexto internacional de avances normativos como oportunidad para las Gobernaciones [entidades subnacionales] de acoplarse a las expectativas globales y regionales, no sólo desde el deber ser sino desde el plano de la obligatoriedad y la regulación.
• Aunque los gobiernos locales trabajan de manera directa en cuestiones relacionadas con los DDHH y es impensable su realización sin su acción, muchas veces sus actividades no se relacionan con el ejercicio de los DDHH, y estos quedan como un marco de referencia lejano. Hay un desafío de aterrizar las herramientas y bajar los marcos internacionales en estas temáticas, para entenderlas desde un enfoque normativo y distinto a la Responsabilidad Social, aceptados unánimemente.
• Relevancia de que los estados no sólo promuevan, sino que también implementen, y muestren con el ejemplo que están incorporando estos estándares y principios desde sus ámbitos de competencia: procesos de contratación y compras públicas, actúan como actores económicos, se hacen acuerdos con aliados comerciales, etc.

Sobre el proyecto, su planteamiento, metodologías y resultados

• Flexibilidad y capacidad de adaptación de los equipos, para dar respuesta adecuada a los cambios exigidos por el contexto de pandemia de COVID – 19 sobrevenido
• Combinación exitosa de formas de trabajo: formación, investigación y transferencia o incidencia.
• Articulación diversos sectores/actores al interior de las Gobernaciones, en un marco de trabajo interdisciplinar y coherente.
• Importancia de la generación de confianza, en este tipo de procesos y metodologías, y respecto a la implementación de estas temáticas, en ocasiones desconocidas desde el punto de vista técnico.
• Participación y co-construcción con otros actores de los territorios (empresas de diversos tamaños y naturalezas, y sociedad civil).
• Oportunidad del trabajo territorial de adaptación a las necesidades y particularidades concretas (problemáticas, procesos, actores, etc.), y de mayor eficacia y pertinencia, y evidencia de su potencia para generar prácticas replicables.
• Apalancamiento sobre iniciativas en marcha en los territorios, y visibilización de nuevas áreas de trabajo desconocidas o no tan evidentes en la relación entre la empresa y los derechos humanos, y el rol del Estado, así como de otros actores a vincular en este tipo de procesos.
• Retos respecto a cómo abordar la diversidad de empresas para la aplicación de este tipo de medidas y políticas, en especial las pequeñas y micro empresas.
• Necesidad de dar continuidad a la coherencia al interior de los Departamentos, y de asegurar la implementación, por ejemplo, apalancando estos Planes en los instrumentos estratégicos, como el Plan Departamental de Desarrollo.
• Contribución de este proyecto a generar un contexto favorable a la creación de la Alianza de territorios responsables América Latina – Europa (ATRAE), que nace con la voluntad de articular a actores para el trabajo sobre políticas públicas sobre Derechos Humanos y Empresas.