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DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NUESTRO TRABAJO CON PLENA INCLUSIÓN. PROYECTO “MI CASA: UNA VIDA EN COMUNIDAD”

En España hay más de 4,3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2020); esto representa aproximadamente un 9% de la población, la mayoría entre 45 y 65 años.

La Confederación Plena Inclusión España lanzó en 2019, un proyecto piloto de tres años llamado “Mi Casa”, para identificar y analizar cómo impactaba en la vida de las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo, vivir juntas en una casa (piso), en grupos pequeños, de entre 3 y 6 personas. El proyecto buscaba observar la mejora en su calidad de vida, incluyendo elementos sociales, económicos y políticos.

Sustentia participó con el componente de evaluación económica, analizando el modelo de costes aplicado a las entidades participantes. Se analizaron 10 entidades de Plena Inclusión, en 7 Comunidades Autónomas, a través de 30 viviendas y 4 residencias, utilizando un enfoque transversal, explorando la estructura de costes necesaria para garantizar un ejercicio efectivo de derechos. Este estudio se hizo en forma paralela y coordinada con el de INICO, Universidad de Salamanca, cuyo objetivo era analizar el impacto en calidad de vida de las personas que pasan del modelo residencial al modelo de viviendas en comunidad “Mi Casa”

Fue un proyecto piloto, novedoso y pionero en España, con una metodología de “learning by doing”, aprendiendo de los hallazgos y lecciones aprendidas. Se hizo una recolección de datos guiada y participativa, con análisis conjuntos, que viabilizaron procesos de aprendizaje.

Desde el enfoque de derechos, se demarcaron algunas perspectivas del proceso de investigación, relacionadas con la calidad de vida y costes, en la transición de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que tienen mayores necesidades de apoyo, de una residencia a una vivienda. Entre esas perspectivas se podría destacar:

  • El derecho a elegir.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que las personas con discapacidad tienen el derecho a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones que las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Es decir, tienen derecho a elegir si quieren vivir en una residencia o en una vivienda familiar o independiente.

  • El coste de elegir.

El Estado tiene la obligación de proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad, según indica la Convención de Naciones Unidas, y por tanto debería contemplar en sus políticas públicas -entre otros temas- este derecho a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, independientemente del grado dependencia que tengan. Esto implica necesariamente revisar las políticas públicas, incluyendo nuevos modelos intervención, tales como las viviendas en la comunidad, y esto requiere seguro dotarlas de presupuestos suficientes.

En todas las viviendas del estudio, el coste total estimado fue superior a los recursos públicos asignados actualmente por persona/día. Por ello las asociaciones gestoras de las viviendas en comunidad utilizaron algunas estrategias para hacerlas sostenibles, como: subvenciones complementarias, recursos propios (aporte familiar, donaciones o actividades de recaudación) o ajustaron los servicios, disminuyendo costes.

La protección y el respeto a los derechos humanos es una obligación de los estados y una responsabilidad de las personas, físicas y jurídicas, por lo que no permite un análisis utilitarista. El estudio pretende responder al coste de proteger los derechos de las personas, así como identificar datos y evidencias que respalden los argumentos sobre la necesidad de revisar la asignación presupuestaria, bajo un enfoque de derechos.

  • Implicaciones de vivir en una casa en comunidad.

Las personas con discapacidad que tienen mayores necesidades de apoyo requieren de personas que les proporcionen atención directa. No solo por las dificultades de satisfacer las necesidades básicas que tienen a raíz de la propia discapacidad intelectual, de movilidad o motora; sino porque, por esa misma razón, ellas tienen un riesgo mayor de exclusión, presentan dificultades de acceso a la participación comunitaria y sus relaciones interpersonales suelen ser escasas.

Por tanto, el estudio pretendía analizar si aumentando las horas de atención directa en este estilo de vida, las personas con discapacidad lograban mejorar sus habilidades sociales, psicomotoras y de autonomía, hasta donde el tipo de discapacidad se lo permitiera. Esto significaba aumentar la ratio de personal; es decir, aumentar la inversión en personal de atención directa en las viviendas, siendo éste el mayor coste.

  • El impacto de actuar con alianzas e innovación.

El proyecto también quería observar si actuar en alianza tenía un impacto replicable. Primero, si la entidad tenía varias viviendas y entonces, aprovechaba a diseñar y ejecutar estrategias conjuntas que se vieran reflejadas en mayor eficiencia de los costes. Por ejemplo, compartir algunos desempeños profesionales, tales como enfermería o psicología. También, si había impacto en el aprovechamiento de los recursos públicos, sociales, externos, tales como la seguridad social o servicios del ayuntamiento. Un gran aporte que se evidenció, de forma inicipiente, fue la incorporación de elementos de domótica para la mejora de la vida en la vivienda.

 

En 2022, la Confederación de Plena Inclusión presentó un nuevo Proyecto, ahora llamado “Mi Casa: una vida en comunidad 2022-2024”, que fue aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales de España, con los Fondos Europeos Next Generation, Agenda 2030, para proyectos de innovación social.

Foto: comunidad.madrid

En esta nueva etapa participan 7 residencias y 66 viviendas, en 7 Comunidades Autónomas, con el protagonismo de sus Federaciones Autonómicas y de 32 entidades locales de Plena Inclusión. Además, este Proyecto tiene la perspectiva de transferir aprendizaje para que al finalizarlo haya una clara evidencia de mayor impacto.

Sustentia enmarca su participación en este nuevo proyecto, en la Actuación 7.7. que se refiere al «trabajo de campo sobre los resultados e impactos y evaluación económica de los recursos de vivienda, a lo largo y al final del proyecto».

Sustentia apoya a entidades, empresas y organizaciones con proyectos de asesoría, consultoría e investigación, dirigidos a incluir integralmente las preocupaciones que despierta el desarrollo social. Aporta soluciones innovadoras y ajustadas a las circunstancias específicas, mediante una colaboración estrecha en todas las fases de asesoría.

En los próximos días, Plena Inclusión realizará un Congreso para todas las personas vinculadas al proyecto, con el objetivo de conocer experiencias en primera persona de procesos de desinstitucionalización y los retos en cuanto a la sostenibilidad.

Si tiene interés en conocer más sobre este proyecto: https://www.micasauvc.org/